Una de las investigaciones judiciales más comentadas de 2024 llegó a su fin: el Juzgado de Instrucción N°1 del Distrito Judicial Sur, encabezado por el juez Sergio Pepe, resolvió archivar la causa que cuestionaba el dictado de un Decreto Provincial referente a la convocatoria de elecciones constituyentes en Tierra del Fuego. De este modo, el magistrado descartó cualquier responsabilidad penal de los funcionarios involucrados y cerró el caso al no hallarse pruebas suficientes para impulsar una acusación.

En el centro de la denuncia figuraba la presunta manipulación de la fecha de firma de un decreto vinculado a los comicios provinciales, lo que llevó a un meticuloso proceso de indagación. El Tribunal ordenó pericias informáticas forenses, analizó documentación y recabó declaraciones de varios testigos. Tras estas diligencias, se concluyó que no existió intención fraudulenta, puesto que las actuaciones que dieron forma a la convocatoria electoral se llevaron a cabo de manera legítima.

Otro aspecto bajo la lupa fue el supuesto abuso de autoridad en la designación de nuevos cargos públicos aprobados por ley. De acuerdo con el juez Pepe, no se configuró delito alguno, ya que las pruebas no demostraron que hubiese una acción deliberada para violar la ley o un perjuicio concreto que fundamentara la acusación penal. Si bien pudo haber cuestionamientos de orden administrativo, el fallo puntualizó que estas presuntas irregularidades no alcanzan la entidad de un hecho punible.

La sentencia, notificada al Superior Tribunal de Justicia, representa un cierre definitivo para un proceso que incluso incluyó un allanamiento a la Casa de Gobierno con la intervención de Gendarmería Nacional. Según el fallo, resultaba imprescindible que la denuncia contara con pruebas contundentes para sostener la hipótesis de falsificación ideológica o intención de engaño, algo que finalmente no pudo acreditarse.

La denuncia, presentada por el abogado Paulino Rossi, pretendía instalar mediáticamente diversas presuntas irregularidades en la administración provincial. Sin embargo, la resolución judicial hace hincapié en la importancia de la presunción de inocencia y en la necesidad de contar con elementos probatorios sólidos antes de esgrimir acusaciones de naturaleza penal. Al desecharse la existencia de un delito, el juez Pepe consideró que el proceso no podía mantenerse abierto sin sustento probatorio suficiente, protegiendo así las garantías de quienes fueron investigados.