El Juez de Tolhuin, Dr. Silvio Pellegrino, dialogó con FM Masters donde dio detalles de la causa que investiga las responsabilidades de los ahora imputados concejales Matías Rodríguez, Marcelo Muñoz, Jeanette Alderete y Rosana Taberna, por presunta malversación de fondos públicos. Vale recordar que este escándalo también tiene como imputados al concejal mandato cumplido Norberto D´Avila, al secretario Administrativo Ezequiel Pacheco Huergo y al tesorero Luis Walter.

Al respecto, indicó que se trata de “una causa compleja porque son hechos del año 2019 y 2020 que fueron sometidos al control del Tribunal de Cuentas Provincial y muy rápidamente en el 2020 el tribunal se expidió sobre el tema de modo que hay un bache de cuatro años que es un poco más difícil de explicar en cuanto a las irregularidades. La denuncia hubiera sido muy útil si la hubieran hecho en el 2020”.

Consultado sobre si hay algún tipo de consonancia con lo dictaminado por el Tribunal de Cuentas y el requerimiento del Fiscal Mayor Martín Bramati, indicó que “no hay consonancia para nada incluso con alguna versión pública que el Tribunal de Cuentas dijo que había que hacer una denuncia penal, eso no es así. El Tribunal de Cuentas se abocó a determinadas cuestiones que también habían sido sometidas a su consideración y a un muy buen dictamen jurídico del asesor letrado, el TCP solicitó que hagan lo que sugirió el asesor letrado para ver si hay responsabilidades administrativas”.

En este sentido, remarcó que “si de la investigación resulta un delito de tal magnitud que ameritara una pena de cumplimiento efectivo, por supuesto que pueden ir a prisión. Estamos muy lejos de esa etapa porque son hechos del 2020 que se denuncian en el 2024 y hay que reconstruir esos hechos. Hay una denuncia, pero nuestra obligación es demostrar si el hecho verdaderamente existió, si se puede probar y si hay alguna responsabilidad.”

El Juez Pellegrino recordó que “para nosotros el principio de inocencia rige a rajatabla y tenemos que hacer una investigación seria. Ya estamos dando paso a la apertura de investigación y ahora requerimos al TCP a través del asesor letrado que nos hagan algún aporte documental de lo que está denunciado. Se denuncia que hay erogaciones que no tienen expediente, entonces no podemos ir a buscar lo que dicen que no existe porque sería un contrasentido. Como el asesor letrado no tiene ningún compromiso en la causa, estamos manejándonos con él para reunir todo el aporte documental; si hubo un gasto que a priori parece desafortunado e indignante, pero está dentro de las previsiones de las partidas presupuestarias y lo que se hizo fue armar mal un expediente, no es un delito, sino una irregularidad administrativa.”

Finalmente, reiteró que “estamos en una acción penal y vamos a seguir investigando a fondo para ver si hay realmente algún delito. Yo en las manos tengo trámites irregulares, pero si el propio Concejo Deliberante, estos mismos hechos del 2020 que esta misma persona había denunciado porque era secretario Legislativo, tomaron el criterio de someterlo al control del TCP, no veo la posibilidad a priori de un dolo cuando se sometieron voluntariamente al control del Tribunal de Cuentas Provincial.”