Un proceso judicial que involucra a 6.900 compradores de vehículos en Tierra del Fuego entre 2001 y 2010 se encuentra en su etapa final en el Juzgado Federal a cargo de la jueza Mariel Borruto. El caso, que apunta contra ocho automotrices e importadoras, busca resarcir a los consumidores por los sobreprecios cobrados en la provincia pese a los beneficios fiscales otorgados por el régimen especial 19.640.
El abogado Federico Rauch, quien representa a los demandantes, explicó que la causa se basa en el hecho de que las automotrices, en lugar de aplicar las exenciones impositivas del área aduanera especial, vendieron los vehículos en Tierra del Fuego al mismo valor que en el resto del país, apropiándose de los beneficios fiscales que, por ley, debían trasladarse a los consumidores.
Qué se reclama en la demanda
Según detalló Rauch en diálogo con Radio Provincia, el juicio exige tres acciones concretas:
- La devolución de la diferencia económica actualizada a cada persona que compró un auto en ese período.
- La aplicación de una multa punitiva, tal como establece la Ley de Defensa del Consumidor.
- Que se ordene a las empresas cesar con esta práctica, que —según denuncian— continúa vigente, ya que los autos en la provincia siguen teniendo los mismos precios o incluso mayores que en el resto del país.
Etapa final del proceso y expectativas
Actualmente, la causa está cerrando la etapa de prueba y se encuentra a la espera de la certificación del actuario, que debe revisar una enorme cantidad de documentación. Una vez finalizada esta tarea, el juzgado podrá dictar sentencia de primera instancia, aunque se prevé que cualquiera sea el fallo, habrá apelaciones posteriores.Rauch señaló que si el fallo resulta favorable, todos los demandantes tendrán derecho a percibir la indemnización, incluso si ya no poseen los vehículos. En Tierra del Fuego, cada transacción quedó registrada tanto por la Aduana como por los registros del automotor, lo que brinda pruebas claras y verificables del perjuicio.
Hasta el momento, no hubo ninguna propuesta de acuerdo por parte de las automotrices. El abogado sostuvo que cualquier acercamiento implicaría un reconocimiento tácito de responsabilidad, y que, según cálculos oficiales, el daño económico acumulado durante los años del reclamo rondaría los 400 millones de dólares.
“La promoción industrial está muerta”
Además de hablar sobre el juicio colectivo, Rauch —conocedor del régimen fueguino— advirtió que el subrégimen de promoción industrial “ya no existe como tal”. Según explicó, hoy sólo subsisten unas pocas plantas industriales bajo un esquema acotado y sin posibilidad de incorporar nuevos proyectos.“El régimen que conocimos ya no está más. Lo único que quedó es un grupo reducido con beneficios cerrados, mientras que no se permite la radicación de nuevas industrias, como sí ocurre en zonas como Manaos, en Brasil, donde cada año abren nuevas plantas”, comparó.
También alertó que el régimen general de beneficios para la provincia “está en la cuerda floja”. Si bien el Gobierno nacional aún no avanzó en su eliminación, Rauch considera que “es probable que lo haga en el futuro”, a medida que sume fuerza política.
Criticó además la falta de defensa activa por parte de los representantes políticos fueguinos, a quienes responsabilizó por no frenar los intentos de recorte: “Hay un discurso dominante que busca desarmar los beneficios diferenciales y nadie está trabajando seriamente para contrarrestarlo”.
Compartinos tu opinión