Problemas de salud de uno de los abogados, el doctor Félix Santamaría, obligó a postergar el juicio oral y público que debía comenzar mañana, por una causa de torturas que sufrieron seis internos en la Unidad de Detención, en un hecho ocurrido en 2008 y que salió a la luz durante un primer juicio en el que ya fueron condenados tres ex agentes penitenciarios.

El Tribunal de Juicio resolvió la postergación por el plazo de una semana, por lo tanto fijó nueva fecha de inicio de las audiencias para el viernes 2 de noviembre. Lo hizo atendiendo a la situación ocurrida con la falta de notificación en tiempo y forma al imputado Alberto González que debía nombrar, en un plazo de 48 horas, a un nuevo defensor.

Con la finalidad de no afectar la garantía de una debida defensa en juicio, los Jueces que llevarán adelante el proceso, todos ellos subrogantes de la conformación original del Tribunal de Juicio, dieron lugar a la postergación de un proceso que ya tuvo otras tres suspensiones previas, la última ocurrida en septiembre pasado.

El ex Jefe de la Unidad Penitenciaria, Ricardo Héctor Rivero; y los ex funcionarios penitenciarios de la Unidad 1, José Alberto Franco, Alberto González y Rubén Adrián Fernández; son los que deben enfrentar este postergado juicio en el que se ventilarán hechos ocurridos el 22 de diciembre de 2008.

Los agentes Franco, González y Fernández ya cumplen una condena de 9 años de cárcel por las torturas aplicadas al interno Castro Molla y fue durante el desarrollo del juicio de ese caso, que los internos Walter Quiroz, Walter Carballo, Alberto Emiliano Seco, René López, Cesar Maximiliano Escobar y Luis Miguel López Villarroel; brindaron testimonio y denunciaron que también fueron objeto de actos de torturas, en la zona de la Lavandería.

En la acusación fiscal se enumera que los presos sufrieron padecimientos físicos e imposición de sufrimientos psíquicos, consistentes en hacinamientos producidos en el piso del lavadero de la Unidad, donde los obligaron a colocarse boca abajo. Allí se dieron conductas aberrantes y aflictivas hacía los internos.

A Franco y Fernández se los acusa de haber estado en el lavadero cometiendo las prácticas de torturas”, mientras que en el caso de González, quien oficiaba como fiscalizador, se encontraba supervisando en todo momento las conductas descriptas. Respecto a Rivero, quien era Jefe de la Unidad Penitenciaria, se lo acusa de haber permitido que esos hechos ocurrieran y no adoptó la más mínima medida funcional que impidiera su consecución.