La incorporación de nuevas tecnologías, que permitan la aceleración de los tiempos procesales en pos de un servicio acorde a las necesidades de los ciudadanos, es una de las premisas que persigue la reforma del Código Procesal Civil.

Así lo explicó el Presidente del Superior Tribunal de Justicia, Doctor Gonzalo Sagastume.

“Proponemos que se trabaje en un código que sea aplicable. Relevamos necesidades, estadísticas de juicios, cómo operan quienes hacen uso del Código, que nivel de atraso tienen y en función de ellos, decimos qué cambios introducir”, expuso.

Con este objetivo la comisión reformadora ya realizó consultas con los Colegios de Abogados y con jueces civiles. Está previsto hacerlo con los jueces de Familia y de la Sala Civil de la Cámara de Apelaciones.

“Son los primeros interlocutores, quienes pueden proporcionar qué cambios necesitan y qué evaluación hacen de las estructuras de esos juzgados”, apuntó.

Sin perder de vista que el Código Procesal Civil y Comercial de Tierra del Fuego es uno de los más modernos del país se estudia incorporar la firma digital para apuntar a la celeridad de los procesos.

“Creemos que con la incorporación de tecnología se pueden acortar un 20 por ciento el tiempo de los juicios debido a que las notificaciones se pueden hacer por vía electrónica. El uso de la firma digital apunta a la celeridad”, expuso.

El magistrado señaló además que espera que la oralidad imprima procesos más cortos en el tiempo. Advirtió, sin embargo que “acortar los tiempos procesales no quiere decir acortar los plazos procesales”.

Sagastume mencionó que en el seno de la comisión hay consenso para que el resultado de las reformas tenga la legitimidad de la participación de todas las voces de la comunidad.

En este sentido, dijo que propondrá que las sesiones sean abiertas  a la comunidad.

“Si hay quórum, pediré que se invite a la gente a participar en carácter de oyente porque un código procesal le interesa a cualquier ciudadano, porque tiene  vinculación directa en los ámbito de derechos civiles y del derecho de familia y laboral. Planteamos que cuando hay necesidad de una reforma requiere de una conjunción de voluntades de los tres poderes del estado y de la sociedad de cambiar algo”, aseveró.