En la mañana de hoy, la Casa de Gobierno fue escenario de un allanamiento sin precedentes en el contexto de la polémica sobre la convocatoria a elecciones para una Convención Constituyente. El Juzgado de Instrucción N°1, bajo la dirección del juez Sergio Pepe, ordenó la intervención de Gendarmería Nacional para investigar un presunto delito de “falsificación de instrumento público” relacionado con el decreto 1656/24 de convocatoria.

La diligencia se originó tras dos presentaciones judiciales solicitando la suspensión de las elecciones. Uno de los recursos, presentado por un abogado de Río Grande, cuestionó la validez de la fecha del decreto, sugiriendo posibles irregularidades. Ante la seriedad de las alegaciones, el Superior Tribunal de Justicia remitió el caso al ámbito penal.

La operación, conducida por Gendarmería Nacional para evitar la participación de la Policía Provincial, resultó en la incautación de equipos informáticos del área de Despacho de Casa de Gobierno, donde se redactó y rubricó el decreto en cuestión. La medida ha tenido un fuerte impacto institucional, paralizando las actividades de despacho en la sede gubernamental.

Se espera un comunicado oficial del Gobierno Provincial para abordar la situación y solicitar celeridad en el análisis de los equipos incautados para reanudar las operaciones. La decisión de realizar un allanamiento en lugar de una simple orden de presentación subraya la gravedad y el alcance público de la investigación en curso.