Una denuncia elaborada por la Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera (FULASP) advirtió de la posibilidad de un "grave conflicto diplomático" entre Argentina y Reino Unido debido a la pesca ilegal en las Islas Malvinas. En ese sentido, indicaron que cada vez son más los buques pesqueros que operan a la veda de las Islas Georgias del Sur con ilegítimas licencias británicas y que actúan fuera del marco que rige la actividad en el área.

En su denuncia, desde FULASP remarcaron "la urgente necesidad de exigirle al gobierno británico que detenga inmediatamente el otorgamiento indiscriminado de permisos de pesca en la zona de exclusión". Al respecto, explicaron que la actividad pesquera en la zona está regulada desde 1982 por la Comisión para la Conservación de Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA), siendo que los buques operan fuera del marco establecido por el organismo multilateral conformado por 26 países miembros, entre ellos Argentina y Reino Unido.

A raíz de la situación, FULASP inició tratativas para elevar el pedido ante las autoridades de CCRVMA, basando la solicitud en los resultados de un informe realizado del entrecruzamiento de datos públicos y privados, propios y de terceros, acceso a información satelital disponible, y registros oficiales y periodísticos. Según indicaron, la investigación obtuvo pruebas "que respaldan que el acto ilícito denunciado no solo socava los esfuerzos de conservación de Argentina, sino que también tiene un impacto devastador en su economía y sus comunidades costeras".

En esa línea, indicaron que en las aguas circundantes al archipiélago se está extrayendo ilegalmente casi la mitad de lo que se pesca en toda la Argentina. "Las Islas Malvinas otorgaron 106 licencias de calamar y 16 licencias de loligo. Actualmente hay más de 120 barcos pescando en el archipiélago con licencias que otorga el gobierno británico", explicó a PERFIL Raúl Cereseto, presidente de FULASP.

Al respecto, Cereseto mantuvo un encuentro con las autoridades pesqueras malvinenses donde pudo "confirmar presencialmente que el Reino Unido ha establecido un verdadero sistema de extracción ilegal en las Islas Malvinas, otorgando anualmente casi cien licencias y cuotas de pesca conocidas como ITQB (Individual Transferable Quota) con un período de validez de un año".

"Venden los permisos por toneladas por sistema de cupos y son millonarios. Están entregando licencias en el archipiélago donde tenemos un conflicto de soberanía. Mientras tenemos ese conflicto, ellos otorgan la licencia y venden el recurso. Están pescando un montón y se están llevando un montón de recursos", subrayó el presidente de FULASP.

En ese sentido, la pesca representa aproximadamente el 60% de los ingresos de las Malvinas, lo que la convierte en su actividad económica más significativa. "Los ingresos obtenidos sitúan al archipiélago entre los diez primeros PBI/per cápita del Planeta, muy por encima del indicador para los habitantes del Reino Unido", se puede leer en la denuncia, ante lo que Cereseto opinó: "Es muy llamativo que las islas no tengan ningún tipo de procesamiento en tierra, con lo cual, está claro que su actividad se circunscribe solamente a pescar y a vender".

De esa manera, cientos de embarcaciones de bandera taiwanesa, coreana y, especialmente, española poseen la autorización para la captura de diversas especies marinas. "El 70% de todo lo que se pesca se va para España, mientras que el 20% se descarga en territorio isleño y el 10% restante viaja hacia otras latitudes", detalló Cereseto.

Según los datos del informe, durante la primera parte de la temporada de pesca de este año, los buques españoles capturaron en la zona 53.500 toneladas de calamar, lo que sugeriría el volumen de capturas más productivo de las últimas dos décadas. En el conteo de todo el 2022, la flota pesquera española registró un volumen de 101 mil toneladas de la misma especie, segundo récord histórico desde 1989. Sumado a esto, las capturas de pescados de aleta alcanzaron las 62.000 toneladas, marcando la cifra más alta desde la implementación de la zona de exclusión.

Los barcos sancionados y el conflicto de la milla 200

Una parte de la denuncia está referida a las flotas que explotan la región, siendo que, según FULASP, muchas de ellas fueron sancionadas. "La nómina de los barcos licenciados no es de acceso público", agrega el texto.

"Cuando le pregunté a la directora de pesca de las Islas Malvinas la cantidad de barcos, las toneladas, las capturas... todo eso es acceso público, está publicado de manera transparente. Cuando le pregunté el nombre de las embarcaciones, el estado de pabellón, o sea, la bandera del barco, no me quisieron contar. No pude encontrar la nómina en las páginas publicadas ni me las quisieron facilitar", precisó Cereseto.

Sumado a esto, el texto de FULASP denuncia que "muchos de los buques han sido sancionados por otros países y organizaciones internacionales, por actividades de sobrepesca, esclavitud y tortura a bordo". En ese sentido, el presidente de la organización afirmó que "se han detectado muchas embarcaciones que, además de operar en la zona controlada por el Reino Unido, también lo hacen de manera no declarada y no reglamentada en aguas internacionales, al borde de la milla 200", remarcando que "esto demuestra que las embarcaciones licenciadas se suman a la pesca furtiva en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de nuestro país".

"En las Islas Malvinas sí tienen un control estrecho sobre las condiciones laborales de los buques pesqueros, pero no sobre la situación de la milla 200. Cuando van a la milla 200 hacen lo que quieren, pero cuando van a las Islas Malvinas tienen un montón de restricciones. Sin embargo, les están otorgando licencias a los barcos que después o antes pescan sin control en la milla 200", agregó el empresario pesquero.

Al respecto, Cereseto consideró que las autoridades pesqueras malvinenses "apañan" la explotación en la milla 200 al otorgar licencias a barcos que extraen recursos en esa zona. "Nosotros hemos visto en más de una oportunidad esa actividad nocturna en la milla 200. Muchos de esos barcos, principalmente de bandera china, vienen, hacen una temporada frente a Argentina y pescan todo lo que pueden de nuestra ZEE. Después van, les otorgan una licencia en las Islas Malvinas, pescan todo lo que pueden allá y se van", explicó.

Y remarcó: "Primero hacen una una temporada en las aguas internacionales y cuando ya no queda nada para pescar, se van al archipiélago a esperar la temporada en las Islas Malvinas".

La falta de comunicación con Reino Unido y las consecuencias para Argentina

Otro de los aspectos que destacó Cereseto es la falta de comunicación entre Argentina y Reino Unido respecto al marco legal de explotación pesquera. "Todo esto lo hacen de manera ilegal, ¿pero ilegal para quién? Para nosotros sin duda, pero para ellos no", planteó, a la par que remarcó la necesidad de que intervenga Cancillería en el control de la explotación.

"Hay una comisión de sustentabilidad, de conservación del recurso que no sabemos si se está cumpliendo. En algún momento inclusive nosotros teníamos cruce de información entre las Islas y Argentina, pero ahora estamos en un punto en el que ni siquiera nos hablamos entre los gobiernos", explicó.

Y agregó: "Ellos establecen sus propias políticas, nosotros tenemos las nuestras y como no nos hablamos, nadie sabe cuál es el límite del otro. Entonces nosotros podemos estar poniéndonos un límite determinado y ellos poner el doble límite, y nosotros así estar autoflagelando la oportunidad de pescar más, por ejemplo".

Más allá de que las licencias "fomentan" la explotación de la milla 200, el presidente de FULASP también enumeró otra serie de consecuencias para el país. En ese sentido, mencionó que "no hay ningún tipo de control ambiental y de sustentabilidad sobre el recurso", lo cual se ve, por ejemplo, en la ausencia de paradas biológicas para asegurar la preservación de la especie. "Tenemos un montón de políticas para cuidar el recurso y ellos del otro lado hacen lo que quieren", subrayó.

Sumado a esto, indicó que se corre el riesgo de que haya menos captura nacional al competir en los mismos mercados con las flotas extranjeras debido a que las especies cruzan más allá de los límites soberanos. "Hay una absoluta competencia desleal porque después van con esas capturas a los mismos mercados y te desploman el mercado. Muchas veces nuestra capturas están supeditadas a la pesca de la milla 200", detalló, y remarcó: "Económicamente nos afecta en términos de captura y en términos de productividad".

También habló de las consecuencias sociales, indicando que es "menos gente que tiene trabajos, ingresos y actividades económicas. Nos hace mucho daño en ese aspecto". "Si encima las Islas Malvinas les otorgan licencias, ellos vienen, pescan en nuestras costas y después van al archipiélago", afirmó.

Estos aspectos también están contemplados en la denuncia, la cual manifiesta que "los impactos ambientales, económicos y sociales de esta actividad no regulada son graves, y afectan el futuro de la pesca en la región, así como también el balance de todo el ecosistema del Atlántico Sud-Occidental, afectando directa e indirectamente a decenas de especies de peces, moluscos, aves y mamíferos marinos".

"En junio de 2022, el Gobierno Argentino, a través de Cancillería, rechazó categóricamente de forma bilateral y multilateral estas medidas unilaterales, por considerarlas un grave incumplimiento de las normas del Sistema del Tratado Antártico. Sin embargo, el Reino Unido ha hecho caso omiso y la situación no ha hecho más que agravarse", agrega el texto.

La denuncia se hará efectiva en los próximos días ante el Ministerio de Relaciones Exteriores. Si bien Cereseto consideró que "es muy difícil que tengamos éxito", reconoció que "eso no quiere decir que tengamos que cesar en la lucha". "Tenemos que insistir, hay herramientas que podemos trabajar, como por ejemplo solucionar el alejamiento de los barcos de la milla 200, pedirles a las Islas Malvinas que transparenten su gestión pesquera, que establezcan condiciones a quien sea que le otorga licencias, que podamos participar o que los puedan someter a un análisis más transparente", mencionó al respecto.

"La cuestión soberana no se va a resolver en el corto plazo, pero la pesca sigue ocurriendo. Si no hablamos por una cuestión de soberanía, ¿por qué no hablar por las cuestiones pesqueras por lo menos para ponernos de acuerdo en qué queremos hacer en el mientras tanto?", concluyó.