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El gobierno británico en las Islas Malvinas ha anunciado la prohibición del uso del servicio de internet satelital Starlink y advirtió que quienes lo utilicen podrían enfrentar multas de hasta 5.000 libras esterlinas (aproximadamente 6.500.000 ARS). La medida busca proteger el monopolio de telecomunicaciones que actualmente posee Sure South Atlantic Limited, empresa que opera bajo un acuerdo con el gobierno isleño.
Una alternativa que generó tensión
Desde su llegada a la región, Starlink, el servicio de internet satelital de SpaceX, ofreció una alternativa de mayor velocidad y mejor calidad en comparación con el servicio actual. Inicialmente, el servicio fue contratado por militares británicos en la base de Mount Pleasant y algunas empresas pesqueras, pero rápidamente comenzó a ser adoptado por los residentes, desafiando el dominio de Sure South Atlantic Limited.
Amenaza de multas y bloqueos
El gobierno local advirtió a los habitantes que si se detecta el uso de Starlink, se aplicarán sanciones económicas y bloqueos del servicio. Esto ha generado indignación entre los 3.662 habitantes de las islas, quienes desde hace años denuncian la mala calidad del servicio de internet que brinda la empresa británica.
"Queremos solo un buen servicio de internet. El que hay disponible es terrible. El resto del mundo tiene un buen servicio y aquí no. Somos muchos, tal vez la mitad de la población, los que estamos hartos", expresó un residente.
La respuesta de Starlink
Ante la presión del gobierno de Malvinas, Starlink notificó a sus usuarios que Sure South Atlantic Limited había ordenado la desactivación del servicio en la región y recomendó pausar los pagos hasta que la situación se resuelva. En su mensaje, la empresa de Elon Musk aclaró que no tiene autorización para operar en el territorio debido a las regulaciones impuestas por el gobierno local.
Un conflicto que trasciende la conectividad
El problema de Starlink en Malvinas no solo refleja un conflicto comercial, sino también político. La empresa Sure South Atlantic Limited no solo monopoliza el servicio en las islas, sino también en otros territorios británicos como Santa Helena y Ascensión.
Mientras la disputa continúa, la población de Malvinas sigue atrapada en una conexión deficiente y costosa, sin una solución clara a corto plazo.
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