El Colectivo de Discapacidad continúa este miércoles con su protesta frente a la Casa Rosada, que incluye un acampe, para denunciar un presunto recorte presupuestario que limita la prestación de diversos servicios sanitarios, mientras el Gobierno de Alberto Fernández niega que exista un ajuste en el sector.

La protesta cuenta con decenas de manifestantes que, con cánticos y pancartas, reclaman para que Estado gire los fondos correspondientes a las prestadoras de servicios, como por ejemplo el transporte de personas discapacitadas. En concreto, varias empresas ofrecen sus tareas para los pacientes, y cuentan con un aporte económico estatal para amortizar costos.

"El principal reclamo viene por la interrupción en la cadena de pagos. Los prestadores históricamente cobran meses después de brindar el servicio, pero en este mes de agosto no estuvieron percibiendo lo del período de mayo o junio. Hay un retraso y se pide que se liberen los fondos y lleguen a los prestadores", le dijo a Página 12 Karina Herrera, titular de la Asociación de Familias, Prestadores y Personas con Discapacidad (AFAPPREI).

En principio, se esperaba que la manifestación culminara el 31 de agosto a la noche, pero todavía se esperan nuevas definiciones sobre el plan de lucha. Por lo pronto, trascendió que la protesta podría extenderse por otras dos jornadas. Además de la instalación de una carpa blanca, los reclamos, iniciados el lunes, contaron con movilizaciones en provincias como Córdoba, Mendoza, Santa Fe y Entre Ríos.

El Gobierno de Alberto Fernández desmintió el ajuste

Este miércoles se produjo una conferencia de prensa desde la Casa Rosada donde el Ejecutivo, una vez más, rechazó la idea de que se esté produciendo un ajuste en el área de discapacidad.

Daniel Filmus, ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, dijo que "no hay ningún tipo de ajuste en ninguna de las áreas, lo que hay es una readecuación de partidas".

Juan Ross, secretario de Comunicación y Prensa, sostuvo que "no hay ningún recorte, lo que hubo fue un atraso de muy poquitos días".

El canciller, Santiago Cafiero, también negó el ajuste: "Lo que debe existir es una tensión en la asignación de recursos en el área, puede ser".

Por su parte, la secretaria de Asuntos Estratégicos, Mercedes Marcó del Pont, señaló: "La decisión política es converger hacia las hipótesis que se acordaron con el FMI. Acá no hay ajuste, hay una reducción del déficit". Para sostener su punto, la funcionaria destacó que la recaudación tributaria en términos reales está creciendo.

Qué dijo la Agencia Nacional de Discapacidad

El martes, la Agencia Nacional de Discapacidad ya había comunicado una aclaración sobre las modificaciones en el sistema de pagos para la prestación de servicios: "Ante versiones difundidas, informamos que actualmente se encuentran en análisis medidas que apuntan a sanear el financiamiento del Sistema de Prestaciones Básicas de Discapacidad, y a su vez, garantizar que las obras sociales sigan cumpliendo con la Ley 24.901".

"Constantemente se están analizando distintas alternativas con el fin de sanear y fortalecer este sistema de prestaciones de discapacidad y eso incluye a todos los financiadores del sistema", agregaron. "No excluye a ninguno y menos a las obras sociales, con quienes las personas con discapacidad y sus familias tienen un largo y exitoso camino recorrido", se lee.

Además, criticaron las versiones difundidas en las últimas horas: "Rechazamos las versiones periodísticas y las campañas que pretenden confundir y generar incertidumbre entre las personas con discapacidad, sus familias y los trabajadores y las trabajadoras del sistema".