Desde el 1° de enero de 2025, los contribuyentes enfrentan un nuevo escenario fiscal: la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) recuperó la capacidad de iniciar juicios de ejecución fiscal y aplicar embargos en cuentas bancarias. Esta potestad, suspendida durante años tras decisiones adoptadas en el gobierno de Alberto Fernández, se reactivó con la entrada en vigencia de la Resolución 1445/2024, emitida por el Ministerio de Economía.

Sectores protegidos: excepciones y condiciones

A pesar de este cambio, algunos sectores seguirán protegidos. La normativa extiende hasta el 31 de julio de 2025 la suspensión de medidas para las entidades sin fines de lucro y los contribuyentes del sector salud. Según la resolución, esta excepción se justifica por las particularidades de ambos sectores.

Para garantizar una aplicación adecuada, ARCA trabajará con parámetros específicos: las entidades sin fines de lucro deberán cumplir con requisitos establecidos por el organismo, mientras que el sector salud se regirá por información proporcionada por el Ministerio de Salud.

Facilidades de pago para aliviar el impacto

Ante las críticas que surgieron tras el anuncio, ARCA implementó un plan de facilidades de pago para minimizar conflictos judiciales y ayudar a regularizar deudas. Este esquema ofrece cuotas mensuales fijas, con tasas reducidas para pequeños contribuyentes y MiPyMEs. La tasa aplicada será un 25% de la vigente, mientras que las medianas empresas recibirán un descuento del 40%.

El plazo de financiación varía entre 18 y 48 cuotas, dependiendo del perfil del contribuyente, aunque no todos podrán acceder. Por ejemplo, sociedades anónimas sin certificado PYME no califican para el beneficio, incluso si son microempresas.

Polémica y perspectiva a futuro

La reactivación de estas medidas generó reacciones divididas. Mientras algunos sectores empresariales criticaron la presión fiscal, ARCA defendió su decisión argumentando que busca un equilibrio entre recaudación y flexibilidad. "Queremos ofrecer alternativas viables para que los contribuyentes puedan ponerse al día con sus obligaciones", destacó el organismo en un comunicado.

En paralelo, la normativa marca un fin a la suspensión para sectores como las MiPyMEs, aunque estas empresas tendrán acceso al plan de pago como alternativa. Según el titular de ARCA, Domínguez, “la suspensión solo se mantiene para las entidades sin fines de lucro y el sector salud, pero se han diseñado esquemas específicos para que otros sectores puedan cumplir sin caer en litigios”.

Un panorama de mayor control fiscal

Con estas disposiciones, comienza una etapa de mayor control y presión fiscal. Las empresas y contribuyentes deberán evaluar sus opciones para cumplir con sus compromisos tributarios y evitar sanciones legales. Mientras tanto, las entidades protegidas disponen de un margen adicional hasta mediados de año, cuando se revisará nuevamente su situación.