La Secretaría de Trabajo dictó una conciliación obligatoria, suspendiendo el paro que el personal de Aduana había programado para esta semana, así como las asambleas en todo el país, las cuales quedan pospuestas por 15 días. En este período, el gobierno buscará establecer una mesa de diálogo con los gremios involucrados en la nueva Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que sustituye a la AFIP.

El conflicto laboral comenzó con el anuncio de la disolución de la AFIP y la creación de ARCA, junto con el posible despido de 3.155 empleados incorporados durante la gestión de Alberto Fernández, lo que generó preocupación entre los sindicatos por posibles recortes de beneficios, como el pago de 20 sueldos adicionales al momento de la jubilación. Leonel Ruiz, delegado del Sindicato Único del Personal Aduanero (SUPARA), expresó en una entrevista que estas desvinculaciones representan un "avasallamiento a los derechos laborales", lo que llevó a los trabajadores a iniciar protestas y apagones informáticos.

Ruiz detalló que las acciones de protesta han incluido asambleas y cortes de sistemas informáticos, lo que afecta las operaciones de importación y exportación a nivel nacional, aunque indicó que estas medidas no han interferido con la atención al público en los puntos fronterizos y aeropuertos. “Las guardias mínimas están garantizadas para no perjudicar a los usuarios”, afirmó Ruiz, quien también subrayó que los empleados de Aduana están comprometidos con su trabajo y esperan una pronta resolución.

En relación con los sueldos, Ruiz aclaró que las cifras de ingresos millonarios publicadas recientemente en relación con autoridades aduaneras corresponden a cargos jerárquicos y políticos. "Los sueldos en ciudades como Río Grande son comparables a los de un empleado de comercio y no tienen relación con las cifras publicadas", sostuvo el delegado sindical, reiterando que los trabajadores de Aduana no perciben salarios excesivos.

El sindicato espera que las negociaciones con el gobierno puedan llegar a buen puerto antes de la temporada alta de turismo, momento en que el paso fronterizo de Tierra del Fuego experimenta su mayor flujo de actividad. "Confiamos en que el gobierno entienda la necesidad de mantener la estabilidad laboral y los derechos adquiridos, para que podamos seguir trabajando en paz y sin inconvenientes para el usuario", concluyó Ruiz.