En los primeros quince meses del gobierno de Javier Milei, el Estado nacional experimentó una de las reestructuraciones más profundas de las últimas décadas. Según un informe oficial, 42.034 empleados dejaron sus puestos en distintas áreas de la administración pública, lo que representa una reducción del 8,4% en la planta total del sector público nacional.

El informe fue difundido por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger, y destaca que este ajuste significó un ahorro anual estimado de 1.635 millones de dólares para el Estado argentino. Esta cifra contempla tanto sueldos como costos operativos vinculados al funcionamiento de las dependencias estatales.

El grueso de las desvinculaciones se concentró en la Administración Pública Nacional (APN), donde se registró un descenso del 11,8% en la dotación de personal. Las empresas estatales redujeron su planta en un 15%, mientras que las fuerzas armadas y de seguridad también experimentaron bajas, aunque en menor proporción.

Uno de los segmentos más afectados fue el de los trabajadores bajo el régimen LOYS (monotributistas regulados por el Decreto 1109/17), que cayó un 50,7%. En tanto, el personal bajo la Ley Marco (Ley 25.164), con contratos transitorios y permanentes, también disminuyó, aunque en porcentajes menores: un 18,6% y 6%, respectivamente.

Desde el Gobierno argumentan que este recorte responde a una política de austeridad y eficiencia del gasto. “Menos empleados públicos es menos presión fiscal para la gente”, expresó Sturzenegger al compartir el informe en redes sociales. La administración libertaria sostiene que la reducción de personal forma parte de una estrategia más amplia para alcanzar el superávit fiscal.

Al desglosar el ahorro según tipo de contrato, los mayores montos corresponden a las bajas de personal bajo la Ley Marco, con 216 millones de dólares, seguidas por las desvinculaciones de planta permanente y transitoria (190 millones), y los contratos LOYS (61 millones). Si se consideran también los costos indirectos, como insumos, infraestructura y servicios asociados, estos valores prácticamente se duplican.

La metodología del estudio se basa en los salarios promedio de la APN para estimar el ahorro en otros organismos del Estado. Aunque reconocen que esta referencia puede ser conservadora —por los distintos niveles de gasto en empresas públicas o fuerzas de seguridad—, el criterio fue adoptado para unificar el análisis.

Las reacciones al ajuste no se hicieron esperar. Mientras el oficialismo celebra la medida como un avance hacia la modernización del Estado, sindicatos y sectores opositores expresaron su preocupación por el impacto en servicios esenciales. Denuncian que hubo cesantías sin evaluación previa y que muchos de los despedidos desempeñaban funciones clave en áreas como salud, educación, ciencia o asistencia social.

En este contexto, desde el Ministerio de Desregulación adelantaron que el proceso continuará durante 2025 con una segunda etapa. Esta incluirá la revisión y posible eliminación de estructuras estatales consideradas “no prioritarias” y una reorganización para eliminar superposiciones y reforzar solo aquellas dependencias con incidencia directa en la gestión.

El ajuste en el empleo público se enmarca en una política general de reducción del gasto estatal. Según el mismo informe, la mejora del resultado fiscal en los primeros meses del año fue impulsada también por recortes en la obra pública, las transferencias a las provincias y los subsidios económicos.