En el marco del proceso de reestructuración del Estado, el Gobierno disolvió la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda a través del Decreto 70/2025, con el objetivo de reducir la intervención estatal en esta área y trasladar la gestión de la política de vivienda a provincias, municipios y el sector privado.
Según lo establecido en la normativa, esta medida responde a la convicción de que el Estado Nacional no debe intervenir directamente en la construcción de viviendas, sino que esta tarea debe recaer en las jurisdicciones locales y en la inversión privada.
Cierre de fondos fiduciarios y auditorías por irregularidades
El cierre de la Secretaría implica la disolución de fondos fiduciarios que habían sido utilizados para la gestión de viviendas y que, según el Gobierno, registraban irregularidades en el uso de recursos públicos.Entre ellos, ya habían sido eliminados o puestos en proceso de liquidación:
- PROCREAR (Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar), cuyo cierre fue ordenado mediante el Decreto 1018/2024 tras detectarse demoras en la entrega de viviendas y deficiencias en las unidades habitacionales.
- Fondo Fiduciario para la Vivienda Social, eliminado a través del Decreto 6/2025, tras haberse denunciado su uso con fines políticos y clientelistas.
- Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), actualmente en proceso de disolución.
Reestructuración y reasignación de funciones
Como parte del reordenamiento, algunas dependencias que antes pertenecían a la Secretaría de Vivienda fueron trasladadas a la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía. Tal es el caso de la Subsecretaría de Integración Socio Urbana (SISU) y la Dirección Nacional de Arquitectura.Para asegurar la transición de responsabilidades y evitar un impacto negativo en proyectos en curso, el Gobierno implementará una Unidad Ejecutora Especial Temporaria (UEET) que garantizará un cierre ordenado de la Secretaría.
Un cambio en el enfoque de la política habitacional
Desde la Casa Rosada justificaron la decisión como parte de un cambio estructural en la gestión de la política de vivienda, alejándose del modelo estatal y apostando por el crédito privado y la libertad económica.“El Gobierno Nacional está cambiando el modelo de la corrupción de sueños compartidos por el modelo del crédito privado y la libertad”, señalaron fuentes oficiales.
Con esta medida, la administración de Javier Milei ratifica su intención de reducir la estructura del Estado, dejando en manos de las provincias, municipios y el sector privado el desarrollo de soluciones habitacionales en el país.
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