El Gobierno nacional ha decidido iniciar el proceso de baja de 200,000 pensiones por discapacidad, debido a supuestas irregularidades en el cobro de estas asistencias. Esta cifra podría aumentar a medida que se complete una auditoría que abarca un total de 1,250,000 pensiones actualmente en vigencia. Diego Spagnuolo, director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), subrayó la intención de la administración de Javier Milei de establecer un control más riguroso sobre el sistema de asistencia.

“Antes había un funcionamiento sin supervisión. Nosotros queremos implementar un control efectivo”, afirmó Spagnuolo en una entrevista con la Agencia Noticias Argentinas. El funcionario mencionó que un informe de la Superintendencia de Servicios de Salud reveló que los gastos en transporte para personas con discapacidad equivalen a “setenta y dos viajes de ida y vuelta a la luna por mes”, un ejemplo que subraya la situación insostenible de las prestaciones actuales.

Desde la llegada de Milei al poder, la administración ha recibido 20,000 nuevos pedidos de pensiones desde diciembre de 2023 y está revisando aproximadamente 600,000 casos. Actualmente, el monto de la asistencia asciende a $220,024, lo que representa el 70% de una jubilación mínima. Sin embargo, la agencia ha reducido el porcentaje de discapacidad requerido para acceder a las pensiones, que ha pasado del 76% al 66%.

En su declaración, Spagnuolo también mencionó que, en colaboración con los Ministerios de Salud, Seguridad y Justicia, se han detenido a 14 individuos que cobraban irregularmente pensiones no contributivas por invalidez laboral. Estos detenidos están acusados de graves delitos, incluyendo robo agravado y intentos de violación.

El titular de ANDIS destacó que durante la gestión de la administración anterior, se otorgaron pensiones de forma irregular en provincias como Chaco, La Rioja, Tucumán y en la Ciudad de Buenos Aires, las cuales serán auditadas en primer lugar. “Los requisitos se flexibilizaron en exceso durante el mandato de Alberto Fernández. Ahora solo se exigen tres condiciones: ser argentino, tener residencia de diez años si se es extranjero, y no estar en conflicto con la justicia”, explicó.

Las auditorías se están llevando a cabo “caso por caso” para evaluar todas las asistencias otorgadas en los últimos cuatro años, y se espera que los resultados de este proceso estén disponibles para mayo de 2025. Spagnuolo también reveló que hay una denuncia penal contra el expresidente Alberto Fernández y su antecesor, Fernando Galarraga, en relación con estas irregularidades.