En medio de los recientes anuncios sobre medidas en salud y educación para extranjeros, el Gobierno está preparando un proyecto para expandir la lista de delitos que pueden resultar en la deportación de ciudadanos extranjeros. Aunque el plan aún no está finalizado, los ministerios de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich, y de Justicia, dirigido por Mariano Cúneo Libarona, trabajan en conjunto para ajustar la legislación migratoria y alinearla con estándares internacionales, según informaron a Infobae.

Una de las propuestas clave es penalizar el reingreso al país de extranjeros previamente expulsados, ya sea por infracciones migratorias o por delitos cometidos. Actualmente, la legislación argentina permite que ciudadanos extranjeros con antecedentes penales ingresen al territorio nacional, una situación que el Gobierno pretende modificar.

Además, se busca sancionar a quienes incumplan los requisitos de entrada al país mediante fraude en declaraciones juradas o uso de documentación falsa. También se considera tipificar como delito el hecho de que una persona expulsada vuelva a ingresar a Argentina, ya que esta conducta no está contemplada en las normativas vigentes.

La revisión de la facultad de extrañamiento en la Ley de Migraciones es otro punto de enfoque. Esta ley permite la expulsión de presos extranjeros que han cumplido la mitad de sus condenas, considerándose la pena como cumplida al abandonar el país. Sin embargo, las autoridades señalan que al regresar a su nación de origen, estos individuos quedan en libertad, lo que podría representar un riesgo. Un caso ilustrativo es el de Luis Mario Vitette Sellanes, conocido como "el ladrón del siglo", quien fue expulsado a Uruguay en 2013 y pudo vivir en libertad al no tener antecedentes penales allí.

Los responsables del proyecto destacan la necesidad de una legislación coherente con la de otros países y de cumplir con el preámbulo constitucional que invita a "todos los hombres de buena voluntad" a habitar el suelo argentino.

Estas iniciativas se suman a las medidas anunciadas por el vocero presidencial, Manuel Adorni. Entre ellas, la expulsión y prohibición de reingreso para delincuentes capturados en flagrancia o detenidos por atacar el sistema democrático y las instituciones. Adorni también indicó que se negará la entrada a quienes intenten ingresar con documentación apócrifa o si se sospecha que el motivo de ingreso difiere del declarado en el trámite migratorio. Asimismo, se incorporará una pena de prisión para extranjeros que violen la prohibición de reingreso.

El paquete de medidas incluye, además, el arancelamiento en universidades nacionales y en la atención médica de hospitales públicos para extranjeros no residentes. "Hoy, uno de cada tres estudiantes de medicina es extranjero", señaló Adorni, argumentando que esto representará una fuente de financiamiento para las instituciones educativas.

En cuanto al sistema de salud, se establecerá que organismos nacionales, provinciales o municipales determinen las condiciones de acceso, incluyendo la posibilidad de cobrar por los servicios a quienes no residan en el país. "Vamos a poner fin a la gratuidad de la atención médica para extranjeros tal como la conocemos hasta ahora", afirmó el vocero presidencial.

Estas medidas forman parte de un esfuerzo más amplio del Gobierno para reformar la política migratoria, buscando un equilibrio entre la apertura a inmigrantes y la protección de los intereses nacionales.