Miles de habitantes de Tierra del Fuego han iniciado una demanda colectiva contra las principales automotrices del país, acusándolas de aplicar sobreprecios que ascendían a un 40% en los vehículos vendidos en la provincia. Este reclamo, liderado por el estudio de abogados Rauch y Aciar, involucra a marcas como Toyota, Volkswagen, Ford, Renault, Peugeot-Citroen y Mercedes Benz, entre otras.

El conflicto radica en que, a pesar de los beneficios fiscales que rigen en Tierra del Fuego bajo la Ley 19.640, que exime a los residentes de impuestos nacionales, los precios de los vehículos no solo se equipararon, sino que en algunos casos superaron los valores del resto del país desde 2001. Según el expediente, un auto que debía costar 92.000 pesos llegó a valer 134.000 a valores de 2014, privando a los fueguinos de los beneficios fiscales que les corresponden.

La causa está radicada en el Juzgado Civil y Comercial Nº1 del Distrito Judicial Norte y ya ha convocado a más de 3800 reclamantes, cifra que podría duplicarse antes del 3 de diciembre, fecha límite para sumarse a la acción judicial. En promedio, se estima que cada reclamo ronda los 40.000 pesos, lo que podría significar un monto total cercano a los 200 millones de pesos.

Un informe de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia confirmó que las automotrices se apropiaron de los beneficios fiscales mediante un esquema de fijación de precios que perjudicó a los consumidores. Además, los vehículos adquiridos en la provincia enfrentan restricciones de uso y propiedad por hasta cinco años desde su patentamiento, un agravante para los afectados.

El contexto económico del país durante la crisis de 2001 habría favorecido esta situación irregular, en la que las automotrices aprovecharon el desorden de precios para maximizar sus ganancias. Aunque en 2015 la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia impuso multas a las empresas involucradas, estas fueron anuladas por la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia. Actualmente, el caso está en manos de la Corte Suprema.

Con habitantes de ciudades como Río Grande, Tolhuin y Ushuaia sumándose masivamente al reclamo, esta acción colectiva podría convertirse en un caso emblemático de defensa del consumidor. Sin embargo, se anticipa que el proceso judicial será largo y probablemente terminará resolviéndose en el máximo tribunal del país.