a decisión del Gobierno de no moverse un centímetro respecto de la situación de las más de 105.000 familias afectadas por los créditos UVA traslada la esperanza de los endeudados al ámbito de la Justicia. Y esta última, aunque tomándose su tiempo, poco a poco comienza a dar respuestas. En un fallo difundido en las últimas horas, una medida cautelar fijó para las cuotas un tope del 25 por ciento de los ingresos netos y un período de negociación de 90 días entre el banco y los tomadores del crédito.
La medida fue dictada por Carmen Helena Carbone, a cargo del Juzgado de primera instancia en lo civil y comercial N° 6 de Posadas, Misiones. Entre sus argumentos, la magistrada puso el foco en el resguardo de la vivienda y la protección de la familia.
Carbone remarcó la necesidad de efectuar las renegociaciones a partir de "pautas de equidad". Y aclaró que, si bien las deudas deben ser saldadas, el cumplimiento de las obligaciones no debe llevarse a cabo "a cualquier costo".
Desde Hipotecados UVA indicaron a este medio que la medida cautelar "establece como tope de cuota el 25% de los ingresos netos –de bolsillo- de los actores hasta tanto se resuelva la demanda principal de revisión contractual, y durante un período de negociación de 90 días entre el banco y los tomadores del crédito".
La decisión, siempre de acuerdo al colectivo, "resguarda los derechos y garantías constitucionales y en los tratados internacionales con tal jerarquía, a efectos de proteger los derechos de los accionantes y sus familias".
Hipotecados, cada vez más ahogados por el crédito
Por otra parte, Carbone hizo mención a las Directrices de las Naciones Unidas para la Protección del Consumidor donde se establece la obligación de la actuación responsable de los proveedores de servicios financieros y sus agentes autorizados.
"Es el norte que da sentido a las disposiciones cautelares expuestas, teniendo como relevante que se trata de la vivienda, sede de unión y habitación, de desarrollo y crecimiento del núcleo básico de nuestra sociedad, la familia", señaló la magistrada.
"El impacto de las variaciones de los precios, en todos los aspectos, en las economías familiares de los consumidores durante y después de la pandemia estará, sin dudas, atravesado por el sobreendeudamiento; y en este sentido las respuestas deberán construirse sobre pautas de equidad", afirmó en su resolución.
La medida cautelar tomó en cuenta el desfase existente entre las previsiones inflacionarias proyectadas por el Gobierno al tiempo de lanzarse al mercado los créditos UVA y la evolución real que tuvieron en la Argentina los índices de inflación.
"Las deudas deben ser pagadas, más ello no puede implicar que lo sea a cualquier costo, y surge relevante el caso como el que nos ocupa, en que el Estado promocionó la contratación de los créditos UVA, con importante propaganda de beneficios, lo que se traduce ahora en una realidad distinta a la propugnada y a la actualidad económica, que en forma decisiva recae en la actividad de las entidades financieras", se añadió.
Créditos UVA: cuotas impagables
Hoy por hoy, los más de 105.000 hogares afectados vienen afrontando subas mensuales de hasta 7.000 pesos. En las familias afectadas el tenor de las cuotas es tal que hasta se devoran sueldos prácticamente completos. En la mayoría de los casos, los endeudados se han visto obligados a ejercer más de un empleo sólo para poder cumplir con los pagos exigidos.
A fines de julio venció el decreto que establecía un 35 por ciento como tope de pago de cuota a partir de los ingresos en cada hogar. El fin del prorrateo dejó abierta la puerta para que los bancos ejecuten las viviendas sin intermediación judicial. Esto, en los casos de familias que se atrasen con el pago de 3 cuotas consecutivas.
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