El diario La Nación volvió a criticar el subrégimen de promoción industrial de Tierra del Fuego, calificándolo de "privilegio" que se mantiene a costa del resto del país. En un artículo reciente, se cuestiona la continuidad de un régimen creado en 1972 por el gobierno militar, que según el medio ha sobrevivido gracias a la defensa de intereses políticos y económicos que lo sostienen en el tiempo, pese a su alto costo fiscal.

El artículo señala que este régimen especial ha facilitado la instalación de empresas en la provincia, especialmente en el sector electrónico, que reciben exenciones fiscales y beneficios aduaneros para importar insumos y ensamblar productos. Según el diario, esto representa un elevado gasto para el Estado, con un costo fiscal previsto para 2025 que alcanzará los 1,3 billones de pesos, lo que equivale al 0,18% del PBI, y se cuestiona su impacto real en términos de desarrollo e innovación tecnológica.

La Nación también critica la falta de control sobre las operaciones de las empresas radicadas en la isla, sugiriendo que hay irregularidades y falta de transparencia en el manejo de las importaciones y la exportación de productos ensamblados. Se menciona un caso de sobrefacturación denunciado en 2020, en el que se alegó que se desviaban dólares a cuentas en el exterior mediante la compra de kits de productos que luego se ensamblaban en Tierra del Fuego.

El artículo señala además que, a diferencia de otros modelos exitosos de promoción industrial en la región, como el de México, el régimen de Tierra del Fuego se enfoca en la sustitución de importaciones para el mercado interno, lo cual, según el diario, encarece los productos para los consumidores y afecta la competitividad. También destaca que el régimen fue extendido por el gobierno de Alberto Fernández hasta 2038, con la posibilidad de una nueva prórroga hasta 2053, lo que perpetuaría un sistema que, a juicio de La Nación, no justifica su costo ni sus beneficios.

Finalmente, el medio critica el apoyo político que recibe el régimen por parte de gobernadores, legisladores y dirigentes industriales, quienes, según La Nación, defienden un sistema que beneficia a un grupo limitado de empresas y trabajadores a expensas del resto de los argentinos.