El Gobierno establecerá un programa para convertir los planes sociales en empleo genuino, con acuerdo de los sectores empresarios que contratarán al personal y afrontarán parcialmente el pago de los salarios. Ninguna persona que cobra un plan social, como el “Potenciar Trabaja”, estará inmerso en la cultura del trabajo porque no está en la genética de los millones de planeros. Estos cobran planes o beneficio del Estado Nacional y la realidad es cruda: no pretenden producir ni incurrirse en el empleo privado.

Sus intenciones, como así también de los que los inventaron (gobiernos populistas), solo pretenden maquillar el status quo como medida electoral de paso y seguir como están o, peor aún, formar cooperativas que es una entelequia perfecta para no pagar impuestos y seguir viviendo del Estado bajo la premisa de no estar en algún proceso productivo en miras al desarrollo económico de la Republica. Las cooperativas son una ofensa a las pymes de índole societaria o a emprendedores tributarios que están envueltos en algún proceso productivo y ganan dinero de manera lícita pagando sus impuestos.

En concreto, el ministro de Economía, Sergio Massa, señaló que con este nuevo programa “se habilita a quien hoy es beneficiario de un programa social a acceder al mercado de trabajo, el empleador tiene bonificados los aportes y contribuciones (sólo paga obra social y ART y sindicato), y el Estado sigue pagando durante un año la base del programa y el empleador completa el salario de convenio”. El ministro carece de idoneidad sobre cómo se manejan los aportes y contribuciones de la seguridad social o no tiene buenos asesores. En la Argentina, en la actualidad hay 600 mil pymes que representan el 80% del empleo genuino, pero quienes dan empleo, los “empleadores”, ya sean personas físicas o jurídicas, son 470.000 mil y cubren 6.100.000 de empleos privados.

Estos 470 mil empleadores todos los meses deben soportar el peso de la mas alta presión tributaria de Latinoamérica en materia de cargas sociales (aportes y contribuciones). Ahora bien, repasemos qué pasa con las contribuciones a la seguridad social, a cargo de los empleadores que estos tributan, mediante la plataforma virtual de AFIP, y según el Decreto 814/2001 modificado por la ley 27430 de reforma tributaria 2020 el siguiente esquema teórico:

Al Régimen Nacional de la Seguridad Social los empleadores tributan mes a mes:

- Sistema Integrado Previsional Argentino. Ley 24.241 alícuota 10.77%

- INSSJP – PAMI. Ley 19.032 alícuota 1.58%

- AAFF. Ley 24.717 alícuota 4.70%

- Fondo Nacional de Empleo. Ley 24.013 alícuota 0.95% Alícuota Total Al régimen de la seguridad social 18% Al Régimen Nacional de Obra Sociales tributan mes a mes

- Obra Social. Ley 23.660. Alícuota 6%

Los 470 mil empleadores tributan mes a mes un total de 24% al régimen de obra social y de la seguridad social sobre la masa salarial bruta de cada empleado. Vemos como cada empleador privado, motor de la economía argentina y generador del 80%

del empleo privado ve como mes a mes, aplastan su dinámica productiva con una presión sin precedentes y que nadie apunta a graduar o se les cae una idea sobre dicho esquema. Los que asesoramos, hablamos e interactuamos todos los días con emprendedores, empresarios y empleadores, sabemos la realidad que padece cada persona física o jurídica que genera uno o 20 empleos en su nómina salarial. Lejos está el mito del flamante ministro de fusionar personas humanas que lo único que conocen es la cultura del trabajo y prestar su fuerza física o intelectual en algún proceso productivo; de las personas que los educaron a que hay que pedirle al Estado lo más que se pueda y no dar nada a cambio.

Este puente, ofrecería a los empleadores, en teoría, los siguientes beneficios:

1- Por un año el Estado Nacional se hará cargo de parte del salario (la correspondiente al plan social que tiene el trabajador).

2- Por un lado, AFIP otorgaria la reducción de hasta el 100% de las contribuciones patronales para las nuevas relaciones laborales por hasta 24 meses por cada empleado, considerando como tope máximo la suma equivalente a dos salarios mínimos por cada uno y con una nómina tope incremental de 5 a 20 empleados.

Pero con respecto a este punto, volvamos al cuadro que detalle porque solo se reducía al 100% lo que recauda AFIP, NO la obra social, ni la ART, que lo veo perfecto, pero la reducción es realidad seria solo el 18% de cada masa salarial del total del salario bruto. Tengamos atención en este beneficio porque las condiciones de viabilidad son, en la actualidad, inalcanzables para el universo de las pymes que vienen golpeadas por un gobierno sin plan económico.

Los especialistas creemos que es momento de impulsar una actualización de las leyes laborales sin tocar las Ley de Contrato de Trabajo ni avasallar ningún derecho laboral, solo graduando y reduciendo el costo laboral con la incorporación de una nueva figura tributaria que aliviane a las empresas y favorezca a los trabajadores. No se trata de despedir gente o cerrar las fábricas por el ahogo fiscal, se trata de generar más puestos de trabajo genuinos con una reforma que impacte directamente en la productividad y la inversión de las empresas en RRHH y en recursos que hagan deslumbrar la economía de esta.

* Juan Pablo Chiesa es abogado especializado en Empleo y Políticas Públicas, escritor, docente y Presidente de Aptitud Renovadora