Según trascendió y tal como publicó El Cronista, el gobierno de Javier Milei estaría trabajando sobre un decreto de necesidad y urgencia (DNU) que tiene en vilo a todo el ecosistema cripto de la Argentina.
Es que el proyecto tendría como objetivo satisfacer las demandas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que visitará el territorio nacional el 6 de marzo para conocer los avances del país en materia de prevención de delitos financieros.
El problema es que, a costas de complacer al organismo, el decreto incluiría medidas que "atentan contra la libertad en la comercialización de Bitcoin y que restringen el acceso al mercado de criptoactivos, que han sido refugio de valor y garantía para la libertad de trabajo de miles de ahorristas y de freelancers durante todos estos años de inflación y de medidas de arbitraria restricción monetaria", según indicó Ricardo Mihura, presidente de la ONG Bitcoin Argentina.
Regulación de Bitcoin y cripto en la Argentina: cuáles son los avance
El año pasado, la Comisión Nacional de Valores (CNV) lanzó una propuesta de modificación de la Ley Antilavado para incluir una figura recomendada por el GAFI: los proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV).En esta línea, se consideró la creación de un Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) que estaría bajo la supervisión de la CNV, para aumentar la transparencia, trazabilidad y monitoreo de las operaciones y usuarios cripto.
Desde la ONG Bitcoin Argentina admiten que se nomine a los PSAV como sujetos obligados a informar a la Unidad de Información Financiera (UIF) los reportes de operaciones sospechosas, y también que la UIF lleve un registro de PSAV como lo recomienda el GAFI.
Sin embargo, "la ONG rechaza que los PSAV deban obtener una licencia habilitante de parte de la Comisión Nacional de Valores (CNV) y que este organismo pueda además regular todos los aspectos de la comercialización de criptoactivos", comunicaron desde la entidad.
Refiriéndose a la necesidad de una nueva normativa, Mihura también expresó: "No es necesaria otra ley para esto. Pero ello no tiene nada que ver con obligar a pedir autorización para vender o comprar Bitcoin, ya que no es considerado un valor negociable o security en nuestra ley ni en ninguna otra parte del mundo".Por último, los referentes de la comunidad bitcoiner establecieron una serie de puntos que debería respetar el gobierno en caso de avanzar sobre cualquier medida que haga referencia a los activos virtuales y a los PSAV:
- La definición de PSAV como sujetos obligados debe referirse sólo a los grandes exchanges, y debe excluir a las personas que realizan operaciones persona a persona, a título habitual o no, con liquidación en cuentas bancarias o de Proveedores de Servicios de Pago (PSP), que ya son sujetos obligados.
- El establecimiento de un registro de PSAV debe centralizarse en la UIF (la autoridad competente en materia de lavado de dinero) y el mismo no debe ser habilitante para el ejercicio de la actividad, sino de carácter meramente informativo. Es responsabilidad de la UIF mantener actualizado este registro y no de quienes realizan la actividad. Tampoco representa un requisito para ejercer el comercio lícito.
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