En un giro significativo en la estrategia de seguridad, el Gobierno nacional autorizó a las Fuerzas Armadas a realizar detenciones en situación de flagrancia en la frontera norte del país, en el marco de los operativos de control destinados a combatir el crimen organizado.

Esta decisión, impulsada por el Ministerio de Defensa a cargo de Luis Petri, reglamenta la aplicación del artículo 34 del Código Procesal Penal, habilitando la intervención militar bajo estrictas condiciones y con énfasis en el uso proporcional de la fuerza.

El protocolo indica que ante la detección de un delito en flagrancia, los militares deberán primero identificarse como miembros de las fuerzas y agotar las vías no violentas antes de actuar. Si el uso de la fuerza resulta inevitable, deberán emitir una advertencia verbal previa y actuar en todo momento de manera proporcional a la amenaza detectada.

Una de las reglas centrales establece que, siempre que sea posible, se deberá convocar a fuerzas de seguridad o policiales, quienes poseen entrenamiento específico en manejo de conflictos. El accionar de las Fuerzas Armadas busca minimizar daños y lesiones, prohibiéndose expresamente disparar contra vehículos o personas en fuga, aun si hay sospechas de actividades ilícitas.

Respecto al uso de armas letales, el reglamento limita su aplicación a situaciones de legítima defensa propia o de terceros, y de ser necesario abrir fuego, se recomienda apuntar a zonas no vitales para evitar resultados fatales. Además, si las circunstancias lo permiten, deberá realizarse un disparo de advertencia antes de intervenir.

El documento interno recibido por las tropas establece que cualquier aprehensión deberá ser informada de inmediato a las autoridades de seguridad o al Ministerio Público Fiscal, quienes asumirán el procedimiento posterior.

Este nuevo esquema de actuación se aplicará específicamente en el marco del operativo “Julio Argentino Roca”, enfocado en la vigilancia de áreas rurales alejadas de los centros urbanos y de los pasos fronterizos habilitados en el norte y noreste argentino.

El despliegue involucra más de 10.000 efectivos, con una presencia permanente de hasta 1.300 hombres en terreno. Para fortalecer las tareas de control, las brigadas cuentan con radares móviles, drones, helicópteros, comunicaciones seguras y un avión Diamond para misiones de reconocimiento.

Según fuentes oficiales, el personal ha recibido capacitación intensiva en Reglas de Empeñamiento y será equipado con nuevos elementos de protección individual, en un esquema operativo flexible que podrá adaptarse dinámicamente a los distintos escenarios de frontera.