Los gobernadores, y otros sectores se opusieron con fuerza a la aprobación del inciso “h” del artículo 4° del proyecto que le otorgaba al mandatario el poder de “transformar, modificar, unificar o eliminar asignaciones específicas, fideicomisos o fondos fiduciarios públicos creados por normas con rango legal, inclusive los destinados a subsidios, revisar su procedencia y destino para lograr una mayor racionalidad, eficiencia, eficacia, transparencia y control del uso de recursos públicos”.Técnicamente, un fideicomiso es un instrumento legal que involucra a tres partes clave: el fideicomitente, el fiduciario y el beneficiario. El fideicomitente transfiere ciertos activos o propiedades al fiduciario, quien los gestiona de acuerdo con los términos establecidos en el contrato del fideicomiso. El beneficiario es la parte que eventualmente se beneficiará de los activos del fideicomiso.En términos más simples, el fideicomiso representa un mecanismo legal que separa la propiedad legal de los activos de su control económico y beneficio. A través de este acuerdo, se crea una estructura que permite la transferencia de bienes de un propietario a un gestor designado, quien los administra en beneficio de terceros, los beneficiarios.Su aplicación para el manejo de fondos públicos, según entienden quienes se oponen a su utilización en ese ámbito, tiene muchos menores controles que las partidas que integran el Presupuesto. Por lo tanto, su funcionamiento es mucho menos transparente que el gasto público habitual de las reparticiones del Estado, aprobado por el Congreso y con instancias de auditoría que los fondos fiduciarios no poseen.

Ahora bien, en la práctica, los fondos fiduciarios (o fideicomisos públicos) son presupuestos enteros que afectan a las cajas provinciales. Por eso, como era de esperarse, hubo oposición por parte de algunos gobernadores a la aprobación del inciso “h” del artículo 4° de la Ley Ómnibus.

Los fideicomisos tienen una amplia gama de aplicaciones. Entre las más comunes, en el ámbito privado, se destaca la planificación patrimonial. Los fideicomisos se usan para garantizar la transferencia eficiente de activos y propiedades a herederos designados, evitando problemas de sucesión y reduciendo la carga fiscal.

También se usan para la protección de bienes (los activos pueden protegerse contra posibles litigios, acreedores y reclamaciones, brindando una capa adicional de seguridad) y la administración de activos.

Asimismo permiten la gestión profesional de activos, especialmente en situaciones en las que los beneficiarios son menores de edad, incapaces o desean delegar la responsabilidad a un fiduciario experimentado.

La caída de la Ley Ómnibus en el parlamento le impidió a Javier Milei -al menos por ahora- manejar a discreción los $1,5 billones distribuidos a través de, al menos, 29 fideicomisos.

El gobierno de La Libertad Avanza entiende que esa fortuna, que representa casi dos puntos porcentuales del Producto Bruto Interno (PBI) del país, es una “caja negra” que tiene escasos o nulos controles y que fue defendido a capa y espada por “la casta” para no perder sus “privilegios” que obtienen a través de ellos.

“Vamos a avanzar fuertemente sobre todas las cajas negras de la política”, enfatizó Milei ayer en una entrevista con La Nación+. En ese sentido, anticipó que avanzará con la eliminación de los fideicomisos a través de un decreto, a la vez que enfatizó que esos 29 fondos fueron la principal causa por la que no consiguió los votos en particular para la aprobación de la Ley Ómnibus.

Milei puntualizó que si se puede hacer por decreto, no dudará en eliminarlos. “Si los tengo a tiro de decreto, anotalo, porque son boleta”, afirmó en relación a los fideicomisos.

“Toda esa runfla son como u$s20.000 millones. Son todas cajas negras de la política. Eso hay que terminarlo. Eso pone muy nervioso a muchos. Hay muchos agentes de la política que vive de eso”, agregó.

Entre los fondos cuestionados se encuentra el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU). Las organizaciones piqueteras y movimientos sociales peronistas se manifestaron de manera activa para que los diputados no aprueben el inciso de la polémica, ya que ellos, a través de sus cooperativas, reciben el 9% de esos fondos destinados a promover la integración socio urbana de asentamientos inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares, y que incluyen tierras de propiedad del Estado Nacional, de las provincias o municipios cedidos para ese fin.

Otros fondos fiduciarios conocidos son el “Procrear”, el de Desarrollo Productivo (Fondep), el “Estabilizador de Trigo Argentino” y el de Infraestructura Hídrica, entre otros.