Un reciente estudio del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) revela notables disparidades en el gasto en supermercados entre las diferentes provincias argentinas. Las diferencias son marcadas: en promedio, los habitantes de Tierra del Fuego gastan aproximadamente $115.898 al mes, mientras que en Santiago del Estero, esa cifra se reduce a $9.404 por persona.

Este informe destaca que el sur de Argentina invierte hasta diez veces más en la compra de productos de primera necesidad en comparación con el norte del país. Este fenómeno se puede atribuir en gran parte al alto costo de vida en las provincias del sur, que afecta directamente el ticket promedio en los supermercados. Además, los salarios son significativamente más altos en Tierra del Fuego; los trabajadores de esta provincia perciben, en promedio, 2,1 veces más que sus pares en Santiago del Estero. Según datos de la Secretaría de Trabajo, a mediados de año, el ingreso bruto en Santiago del Estero era de aproximadamente $673.085, frente a $1.420.483 en Tierra del Fuego.

Otras provincias que también superan los $100.000 en gasto mensual por habitante son Santa Cruz, con un promedio de $103.941, y Neuquén, que alcanza los $104.657. En comparación, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reporta un gasto de $93.030 por habitante, mientras que Río Negro y Chubut presentan cifras de $80.100 y $76.066, respectivamente.

En contraste, las provincias con los niveles de gasto más bajos incluyen a Chaco, con $11.693, Formosa, con $13.191, y Tucumán y Corrientes, con $13.797 y $14.700, respectivamente. Este panorama ilustra no solo las diferencias en ingresos y costos de vida, sino también las particularidades de las estructuras económicas en cada provincia.

En jurisdicciones como Tierra del Fuego, Santa Cruz y Neuquén, la presencia de industrias de alto valor agregado, como la tecnología y la energía, ha resultado en salarios más altos y un mayor poder adquisitivo. Esto contrasta con provincias como Santiago del Estero, Chaco y Formosa, donde la economía depende en gran medida de sectores con menor remuneración, como la agricultura y el empleo público, lo que limita el consumo y refleja las restricciones en el poder de compra de sus habitantes.