Un grupo de diputados nacionales del PRO presentó dos proyectos de Ley con el fin de quitarle a Alberto Fernández la pensión de privilegio, los honores y la custodia que tiene por haber sido Presidente de la Nación. Las iniciativas las impulsan Silvana Giudici, Damián Arabia y un grupo de 12 legisladores del bloque amarillo. Surgió a partir de la denuncia que Fabiola Yánez, ex primera dama, le realizó al ex mandatario por violencia de género.

El articulado dispone la modificación de la Ley 24.018, sobre pensiones de vitalicias de privilegio para presidente, vicepresidentes y jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Propone incorporar dos párrafos que establezcan que se perderá el derecho a pensión vitalicia quedando fuera del presente régimen especial, pasando a regirse por el régimen general conforme las previsiones en caso de ser condenados por delitos cometidos mientras se encontrase en ejercicio de su función pública.

El proyeceto señala que se quitarán los privilegios mencionados cuando haya condena firme en segunda instancia. Y enumera los siguientes delitos cometidos por el ex mandatario que fuere condenado: causas de corrupción, incumplimiento de deberes de funcionario público, delitos contra la integridad sexual.

El proyecto tomó estado parlamentario hoy y se espera que sea girado a las comisiones de Asuntos Constitucionales, Previsión social y Legislación Penal. Según supo Infobae, además de Giudici lo firmaron los diputados del PRO Hernán Lombardi, Sabrina Ajmechet, Karina Bachey, José Nuñez, Emmanuel Bianchetti, Florencia De Sensi y Patricia Vasquez. Por estas horas, en el partido amarillo se movían para sumar más firmas al articulado. Incluso, tendieron redes con las bancadas dialoguistas y con La Libertad Avanza.

Además, el proyecto agrega la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos a quienes ejerzan violencia de género o violaciones (también cuando exista una condena en segunda instancia judicial). "Es necesario evaluar los privilegios otorgados en función de la condena a la que se arribe en ámbito judicial", argumentan los legisladores en los fundamentos.

Los diputados recuerdan en el proyecto que la denuncia de Yáñez surgió a partir de la investigación sobre presuntos hechos de corrupción en la causa de los seguros. La Justicia investiga desde febrero a María Cantero, quien fuera secretaria privada de Alberto Fernández, y a Héctor Martínez Sosa, esposo de aquella y broker de seguros, para indagar si obtuvieron beneficios de sus contactos con el ex Presidente y el Gobierno anterior en el negocio de los seguros a distintas dependencias del Estado nacional.

En el marco de esa investigación, surgieron evidencias de hechos de violencia de género por parte de Alberto Fernández hacia su entonces pareja. Y como contó Infobae, Yáñez formalizó la denuncia contra el ex mandatario. "Esa conducta deplorable por parte del ex Presidente agravia sin lugar a dudas la investidura presidencial afectando la dignidad y el honor que nuestras normas pretenden resguardar.

"La causa en investigación desnuda un entramado de corrupción en el poder y un grave encubrimiento de la gestión de Fernández hacia la violencia sufrida hacia la pareja del mandatario, quien a su vez fungía como Primera Dama, la Sra. Fabiola Yañez", fundamenta el proyecto que impulsan desde el PRO.

"Un presidente o expresidente imputado ya sea por corrupción u otros delitos de ese orden, no sólo traiciona la confianza depositada por el pueblo, sino que también perpetúa ciclos de injusticia y desigualdad", agrega el articulado.

El proyecto habilitará el debate acerca de la irretroactividad de la ley. Es decir, se trata de derechos adquiridos y que, conforme consigna el marco jurídico de Argentina, no se puede legislar hacia atrás para sustraerlos. No obstante, desde el PRO consideran que las modificaciones propuestas son pertinentes y que es "importante" avanzar para "quitarle" los privilegios a un ex Presidente que "no honró su cargo".

A la par, Damián Arabia, diputado del PRO, impulsó otro proyecto en el mismo sentido, que incorpora otros criterios. "Presenté un proyecto de Ley para que a partir de ahora se les remueva la pensión vitalicia a Presidentes y Vicepresidentes condenados penalmente. Y también para que se le suspenda provisoriamente en caso de procesamiento penal. No es jubilación, es un privilegio", explicó el legislador.

A diferencia del texto de Giudici, Arabia propone que esos privilegios se quiten a partir de un procesamiento judicial. Además, no incorpora el retiro de la custodia como sí lo hace el articulado de su colega. Ambos estuvieron en contacto y optaron por impulsar los dos proyectos. Apuntan a trabajar en conjunto en las comisiones para generar un documento unificado.

Respecto a la causa, Yáñez hizo hoy su primera presentación por violencia de género contra Alberto Fernández. En principio, la ex primera dama había hecho la denuncia ante el juez Julián Ercolini, quien también tiene a cargo el caso de los seguros. Luego, se abrió un expediente aparte por la demanda de la ex pareja de Fernández, que también fue otorgada por sorteo al mismo magistrado.

Con el auspicio técnico de la abogada Mariana Gallego, Yáñez sostuvo en el escrito que presentó: "El maltrato, el hostigamiento, el desprecio, las agresiones, los golpes eran constantes". Además, como contaron los periodistas Patricia Blanco y Martín Angulo en Infobae, la ex primera dama también habló de "violencia reproductiva" y ratificó lo que dijo el sábado en la entrevista exclusiva con este medio respecto a que no recibió ayuda del Ministerio de la Mujer. "Sentí que me estaban tomando el pelo", expuso Yañez que señaló que eso ocurrió durante la gestión de Ayelén Mazzina, la segunda ministra de la mujer del gobierno de Alberto Fernández.

Por estas horas, expectativa de la causa judicial es que Yáñez declare ante el fiscal federal Ramiro González, quien tiene delegada la investigación, para que amplíe y detalle ante los investigadores sus dichos. La idea es que esa declaración se concrete mañana.

La justicia también tendrá que determinar donde continúa la investigación. Si en los tribunales de Comodoro Py, como ocurre actualmente, o si pasa a la justicia de San Isidro como ya pidió la defensa de Alberto Fernández. Es es porque los hechos habrían ocurrido en la quinta de Olivos, donde tiene jurisdicción del tribunales de San Isidro.