El abogado Raúl Paderne se refirió a la situación judicial relacionada con el decreto de convocatoria a elecciones constituyentes en Tierra del Fuego. El letrado brindó precisiones sobre las denuncias que involucraban a la Ministra de Obras Públicas, Gabriela Castillo, y que ya fueron desestimadas por la justicia provincial.

Durante el inicio de la conversación, Paderne confirmó que se trató de dos denuncias penales, una presentada por el abogado Paulino Rossi y la otra por el legislador Lechman. En ambos casos, las causas fueron tramitadas por el Juzgado de Instrucción N°1, a cargo del juez Sergio Pepe, quien luego de las diligencias ordenadas por la fiscalía, resolvió desestimar los requerimientos fiscales por considerar que no hubo delito.

Respecto a los detalles de las denuncias, el abogado explicó que en el caso de Lechman se alegaba un supuesto incumplimiento de una medida cautelar dispuesta por el Superior Tribunal de Justicia (STJ), la cual habría ordenado suspender la elección constituyente. Sin embargo, aclaró que se acreditó que no hubo tal incumplimiento, sino que se trató de una interpretación errónea de parte del legislador. “No había ninguna intencionalidad de incumplir la medida cautelar y así lo entendió el juez de la causa”, señaló Paderne.

En cuanto a la denuncia de Rossi, Paderne indicó que fue más grave desde el punto de vista institucional, ya que sostenía que el decreto de convocatoria había sido antidatado para cumplir con plazos legales. No obstante, tras la investigación y medidas como el secuestro de los CPU de Casa de Gobierno, se concluyó que dicha acusación no era verdadera, por lo que también fue desestimada. “Lo que decía Paulino Rossi no era verdad, así de simple”, expresó el abogado con claridad.

Paderne insistió en que ambas denuncias fueron erróneas, y que técnicamente lo que se desestimó fue el requerimiento fiscal. “Se determina por esas medidas que la denuncia no prospera, no es correcta, se equivoca”, explicó. También diferenció entre lo que puede haber sido un error de interpretación en un caso y una inexactitud manifiesta en el otro.

Finalmente, el abogado aclaró que estas causas no interfieren con el proceso que actualmente está en manos del Superior Tribunal de Justicia, que debe resolver sobre la legalidad y constitucionalidad del decreto. “Es un examen distinto. Lo que sí hubiera influido era si alguna de estas dos denuncias hubiese prosperado. Pero desde el punto de vista penal, el decreto es correcto”, afirmó.

En cuanto a los tiempos para una definición por parte del STJ, Paderne señaló que no hay plazos obligatorios: “Son ordenatorios y no obligatorios. Pueden tardar una semana o cuatro meses”.