Carlos Alberto Cabral, uno de los apoderados de la FUNDATEC a cargo establecimientos educativos de gestión privada, dio a conocer las gestiones que vienen realizando para poder hacerse de los fondos necesarios para liquidar el bono que recibieron los docentes estatales a fines del 2019, a lo que se suma la “legalización del salario” acordada con SUTEF el pasado jueves.

Ante la falta de respuestas por parte de Gobierno, analizan avanzar con reclamos extrajudiciales primero y acciones judiciales luego de haberse agotado las instancias de reclamo. Cabral en diálogo con Radio Universidad Informó que “el miércoles por la tarde fuimos convocados por el gremio de SADOP, para darnos a conocer lo que están haciendo. Fue una reunión informativa y por supuesto no podía faltar que se abordara la cuestión vinculada con estos impagos del gobierno provincial a las instituciones educativas de gestión privada, para liquidar el bono que no han percibido los docentes del sector privado”.

Luego informó que “A última hora del miércoles logramos reunirnos con la ministra de Educación Analía Cubino, después de dos meses de solicitar un encuentro. No fue una reunión que salió por voluntad del ministerio, sino que fue hasta un poco forzada y presionada, pero por lo menos se dio. El clima fue cordial y ella expresó sus disculpas, dijo que están viendo cómo hacer para que se pague prontamente. Le expresamos que los tiempos ya no tienen más margen y que esto genera un claro incumplimiento de parte de ellos como funcionarios del Estado. La ley 749 dice que los establecimientos públicos de gestión privada tendrían que haber recibido el aporte financiero estatal el mismo día que generaron el pago a los docentes estatales”, remarcó.

Cabral continuó dando cuenta del encuentro mantenido en Casa de Gobierno con el Secretario de Hacienda. “La ministra estaba ahí porque dijo que iba a ir a conversar con Economía para generar las pautas y tener certeza de pago. A su vez le pedimos que transmita que era interés nuestro conversar con el Ministro de Economía y recibir certezas del pronto pago, de ambos ministerios. La ley establece que es obligación del Estado transferir las asignaciones el mismo día que se pagan a los docentes estatales las asignaciones salariales. El Secretario de Hacienda nos recibió, que es Marcos Oviedo, porque el ministro no estaba. Se supone que debía tener previstos los montos, pero él estaba en absoluto desconocimiento de todo. Tuvimos que explicarle entre todos qué estamos reclamando porque no tenía el más mínimo conocimiento de nada, ni de que existía la ley de educación de gestión privada, y todos inferimos que nunca se previó nada”, cuestionó.

Al reclamo del bono le sumó el impacto de la “legalización del salario”, dado que “la ministra nos dijo que el jueves se iban a reunir en el Ministerio de Trabajo para llevar adelante el acuerdo con el SUTEF, que llaman legalización del salario, donde hicieron otra variación salarial que van a liquidar con los sueldos de febrero a los docentes estatales. Eso me parece bárbaro, pero este ya sería el tercer incumplimiento si no actualizan los montos que nos transfieren en forma mensual. Los establecimientos no tenemos ninguna manera de pagarlo porque no tenemos fondos, y tienen que actualizar el importe mensual que estamos recibiendo”, planteó.

“Nosotros le preguntamos al Secretario de Hacienda si habían estimado qué porcentaje de variación de la masa salarial docente representa este acuerdo, y la respuesta que nos dio fue que no lo sabían. Dijo que una vez que se homologue y Haberes haga la liquidación, sabrán cuánto es”, aseguró.

“Debo pensar que no fue una respuesta irresponsable sino una manera de salir del paso, y no entiendo por qué no puede darlo a conocer. Si es el 25%, lo que tienen que hacer es actualizar en ese porcentaje la liquidación a los establecimientos de gestión privada. No es mucha la elucubración que tienen que hacer. No deja de ser muy llamativo que esas sean las respuestas”, expuso.

Recordó que hay 40 establecimientos afectados y alrededor de 1.800 docentes del sistema de gestión privada. “Esto es un incumplimiento de los deberes de funcionario público, porque la ley es bien clara y taxativa, y no es que se retrasaron un día, porque van dos meses. A esta altura no puede ser que no se hayan ocupado en hacer lo que tienen que hacer”, fustigó.

De no haber certeza de pago el lunes, comenzarán los reclamos administrativos y judiciales, algo a lo que ya estaban habituados los colegios privados en gestiones anteriores. “Justamente le dijimos al Secretario de Hacienda que pareciera que hubiésemos vuelto a los años del gobierno de Ríos, donde todos los establecimientos de educación privada teníamos que presentar todos los meses recursos de amparo ante la justicia para lograr que paguen, y hasta con denuncias penales a los funcionarios por incumplimiento de sus deberes. Esto no es a lo que queremos llegar”, manifestó.

“Nosotros recibimos un porcentaje de la masa salarial docente, que va del 50, el 70, el 80 y hasta el 100%, porque hay varias bandas en las que estamos los establecimientos, y el resto lo financiamos con el pago de la cuota de las familias que mandan a sus hijos. Todas estas variaciones salariales, la del 30 de diciembre, la del 20 de febrero y lo que se homologó ayer, no está contemplado en las cuotas que estamos percibiendo de los padres, por lo tanto el Estado tiene que hacer dos cosas: actualizar el aporte y a la vez actualizar el cuadro con el valor de las cuotas, porque estas variaciones no están contempladas. Sabemos cuál es la realidad económica de muchas de las familias que mandan sus hijos a los colegios privados, pero la cuota es la otra forma de financiamiento con la cual los colegios reúnen los fondos. El Estado tiene que hacer las dos cosas y eso lo está desatendiendo absolutamente”, sostuvo.

“Los colegios siempre hacen un esfuerzo para destinar fondos que eran para otras acciones, porque el aporte del Estado provincial solamente financia una parte de los sueldos de los docentes, no de todos. Los demás gastos que tienen las instituciones los tiene que solventar cada establecimiento. El aporte estatal no está cubriendo todos los gastos”, aclaró.

Respecto de la posición del gremio a pocas horas del inicio de clases, indicó que “comprende lo que ocurre porque los establecimientos no nos estamos negando a pagar por un capricho”, por lo cual hasta el momento no hay previstas medidas de fuerza.