La Fiscalía de Estado hizo público un dictamen que da cuenta de una serie de irregularidades detectadas en la anterior gestión del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) y solicita revisar convenios firmados con gremios y otras organizaciones para que posteriormente se hagan las denuncias penales correspondientes.

La intervención del fiscal Virgilio Martínez de Sucre surgió a partir de la denuncia realizada por agentes del IPV de Ushuaia que señalaba irregularidades cometidas durante la presidencia de Gustavo Vázquez, estrecho colaborador de la ex gobernadora Rosana Bertone.

La resolución señala como sujetos de revisión convenios oportunamente firmados con la Unión Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA), la Asociación de Personal Aeronáutico (APA), con el Sindicato de Peones de Taxis (SIPETAX), con la Unión Obreros y Empleados Plásticos (UOYEP) y otros, en los cuales se incluyeron beneficiarios que ni siquiera estaban anotados en los listados del IPV.

Además, se solicita revisar el convenio firmado con la cooperativa ‘Nuestro Techo’ para la construcción de 29 viviendas por más de 76 millones de pesos, teniendo en cuenta que dichas parcelas de tierra ya habían sido comprometidas con la urbanización del sector II del barrio Río Pipo.

Muy grave

La presidente del IPV, Leticia Hernández, indicó al respecto: “Estamos ante una situación de una gravedad institucional muy importante, ya que se ha actuado fuera del marco de las normas del organismo, de la ley y en perjuicio de una gran cantidad de fueguinos que fueron avasallados en sus derechos por esta serie de convenios firmados de manera irregular”.

Y remarcó que “nuestra gestión se va a manejar dentro de la ley, revisando lo que haya que revisar como lo hemos hecho desde el primer día que asumimos nuestro cargo, dando intervención a la Justicia en los casos que creamos que se hayan cometido delitos”.

Con respecto a lo que sucederá con los convenios cuestionados, Hernández informó que “realizaremos una auditoría con un estudio jurídico y con el área técnica y legal interna para salir a responder con firmeza”.