El juez Federal de Ushuaia, Federico Calvete, le corrió vista por tres días al Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC) para que se expida sobre la propuesta presentada por dos asociaciones protectoras de animales de Ushuaia tendientes a evitar la erradicación de conejos silvestres en las inmediaciones del predio científico, mediante la fumigación con gas fosfina.

Tanto la Asociación de Abogados y Funcionarios para la Defensa de los Animales (AFADA) como la Asociación Amigos del Reino Animal Fueguino (ARAF) presentaron un recurso de amparo en el fuero Federal, requiriendo a la Justicia que frene la erradicación de los animales anunciada por el organismo científico.

En un escrito fechado la semana pasada, y que trascendió ayer, Calvete también le hizo saber tanto al CADIC como a las asociaciones, que “podría abrirse una instancia conciliatoria, a fin de aunar criterios respecto del conflicto planteado”.

En ese expediente, el Cadic sostuvo la necesidad de implementar esa medida para salvaguardar los cimientos del edificio de la entidad (perjudicado por las madrigueras que construyen los conejos) y por otros supuestos daños ambientales ocasionados al ecosistema de la zona.

Como contrapartida, las entidades protectoras presentaron el 10 de junio, una solución alternativa a la erradicación, consistente en el “control poblacional ético de los conejos”. Las asociaciones sostienen que las pastillas de Fosfuro de Aluminio que se utilizarán para la fumigación, resultan “altamente tóxicas para cualquier ser vivo”, y están clasificadas “en categoría IA (extremadamente tóxicas) por la Organización Mundial de la Salud”.

A grandes rasgos, las organizaciones sociales proponen la colocación de trampas para atrapar a los animales, castrarlos y relocalizarlos en otro predio.

La captura se realizaría de forma manual en colaboración con miembros de ARAF, utilizando jaulas “especialmente diseñadas de acuerdo a la especie y cantidad”.

Después, un veterinario se encargaría del procedimiento quirúrgico de castración de “los ejemplares machos y hembras”, y los animales se llevarían hasta “un predio donde se alojarán definitivamente”.

“Proponemos que el CADIC, o sea el Estado, utilice los recursos económicos que tiene a disposición para implementar esta propuesta. Pero además le ofrecimos al juez que, si el organismo no quiere hacerse cargo económicamente, lo pagará ARAF”, sostuvo la abogada de AFADA Griselda Engelhard.

Ante esa posibilidad es que la Justicia Federal resolvió “trasladar a la demandada por el término de tres días” en espera de una respuesta a la propuesta presentada por la protectoras.