TiempoSur dialogó con productores patagónicos que se manifiestan expectantes sobre lo que podría suceder con el fideicomiso que creó la Ley Ovina para la recuperación del sector, donde aún no hay nada definido.

Vale la pena mencionar que el primer intento de tratamiento de la Ley Ómnibus se trabó, en parte, por las facultades para transformar, modificar, unificar o eliminar, los 29 fideicomisos o fondos fiduciarios públicos destinados a obras y proyectos. Inclusive los destinados a subsidios o apoyo para diversos sectores, entre ellos, el creado por la Ley Ovina.

Ante un panorama de incertidumbre, a inicios de este mes de abril, los productores ovinos de la Patagonia decidieron viajar a Buenos Aires para volver a presentar sus reclamos. En dicho encuentro, donde participaron autoridades del Ministerio de Economía y la secretaria de Bioeconomía, desde el sur argentino se expusieron diversos temas que hoy están afectando la producción y que lesionan seriamente los sistemas productivos; así como también las herramientas necesarias de financiamiento que requiere el sector. En este sentido, el fidecomiso creado por la Ley Ovina es uno de los temas centrales para el sector productivo patagónico.

Desde el cambio de gestión en el orden nacional, y ante los trascendidos de eliminación del fondo ovino, los representantes patagónicos explicaron el procedimiento de aprobación de los proyectos de Ley Ovina y cómo se realizan los desembolsos en forma directa a los proveedores de insumos de los proyectos, resaltando los controles desde todos los sectores involucrados, públicos y privados. El fideicomiso que creó la Ley Ovina fue uno de los cuestionados por el presidente Javier Milei y se propuso su eliminación en el marco de la Ley Bases. Por ahora, con la nueva versión de ese proyecto, ese peligro desapareció. Pero el Gobierno debe asegurar el financiamiento para lanzar una nueva tanda de proyectos ovinos, este año.

Según pudo recabar TiempoSur mediante los productores santacruceños, existe “honda preocupación” en el sector, por lo que se realizan gestiones “para intentar que no caiga la ley”. Según entienden desde el campo, hay una seria tendencia a que el fidecomiso creado por la Ley Ovina tenga el mismo destino que otros: la desaparición.

La renovación de la ley, en 2020, contempló un fondo fiduciario de 850 millones de pesos anuales, pero sin una cláusula de ajuste. Por lo que, a casi cuatro años de su actualización, ese aporte en relación con los niveles inflacionarios y atendiendo que son para todo el país, ha quedado realmente desfasado.

Hay productores de nuestra Patagonia que confiesan que el manejo de la Ley Ovina en el resto del país, sí ha dado lugar a dudas por el tipo de distribución de dinero que se ha dado, y el impacto a lo largo de los años es bajo. En este contexto, aseguran que es distinto en la Patagonia, donde se da una producción denominada monocultivo y se requiere una Ley Ovina. Según pudo conocer TiempoSur, productores de Santa Cruz, Chubut y Río Negro están en la elaboración de un historial productivo de los últimos 20 años, con el objetivo de “mostrar el impacto del fideicomiso de la Ley Ovina, dónde se puso la plata y demostrar que la mayoría fueron cedidos a productores. Fundamentalmente, medianos y chicos, y con alto grado de cobro o retorno del fondo”.

Aseguran los productores que “Patagonia tiene mucho para decir y lo necesitamos. El bloque Patagonia va a tratar de que este fondo fiduciario quede vigente”.