La legisladora de FORJA Mónica Acosta dialogó con Radio Universidad 93.5 sobre las expectativas de extensión del subrégimen industrial, que deberá ir acompañado de otras medidas económicas para recuperar competitividad.

“La tarea supera ampliamente las expectativas y no nos podemos abstraer de un contexto sumamente complicado. La economía sigue estancada pero hay algunas medidas políticas y económicas que dan a entender que el contexto industrial se puede desarrollar en mejores condiciones”, señaló.

“Todavía hay que esperar cuál va a ser el destino final de la renegociación de la deuda externa, para saber en qué contexto va a quedar cada provincia en cuanto a ingresos de coparticipación, y poder plantear cierta inyección de capital en distintas áreas del Estado. La provincia todavía sigue padeciendo los índices de desocupación y esto no se ha modificado desde que asumimos sino todo lo contrario, porque se han profundizado, con algunos cierres de fábrica e incumplimientos de las empresas con sus trabajadores”, lamentó.

“Nosotros estamos esperando que la negociación para la prórroga del subrégimen no sea sólo una cuestión de plazo hasta el 2073, sino que venga acompañada de una serie de medidas económicas, como el arancelamiento de algunas importaciones, para volver a promover un margen de competitividad de la industria fueguina. Seguimos teniendo problemas coyunturales de vieja data, como la logística. Esperamos que se trabaje mancomunadamente entre Matías Kulfas y nuestra Ministra de la Producción. Se debe delimitar cuál es el alcance de los productos, si continúan todas las ramas de la industria o solamente se va a parcializar a la electrónica”, planteó.

Para la legisladora, “el proyecto de Gustavo Melella va a poner en el centro de la escena la famosa ampliación de la matriz productiva, involucrando nuevos productos para Tierra del Fuego, más allá de la industrialización de los recursos naturales. El valor agregado para cada producto sigue siendo fundamental y no hay que limitarlo sólo a los productos de consumo. Si en algún momento dijimos que íbamos a tener el Laboratorio del Fin del Mundo, era para industrializar los procesos y para que pensáramos en tener biomedicina. En algunas cosas no vamos a poder competir, porque son producciones muy específicas de determinados países del mundo, pero el desarrollo de las tecnologías propias no hay que limitarlo solamente a la industria del software. Todavía seguimos siendo competitivos en un montón de cosas y el tema es sentarse a hacer los números y buscar las inversiones, además de definir el alcance de nuestra ley, los deberes y obligaciones. Mucho se habla de la responsabilidad empresaria, pero en la realidad no todas las empresas la pasan igual. No se puede comparar un gran grupo económico que arranca con electrónica, luego se diversifica en petroquímica, en pesca, y eso el Estado lo tiene que evaluar en su conjunto. Necesitamos ver cómo se derrama esa economía hacia el resto de las empresas y hacia nuevas fuentes de trabajo”, subrayó.

Aludió a la situación de Renacer y señaló que “la cooperativa a la que pertenezco lleva once meses sin producir. No perdemos la esperanza de verla en marcha y seguimos gestionando por todos lados, pero se ha hecho muy difícil. Nuestros clientes tienen voluntad de continuar pero no se generan las condiciones económicas propicias para el arranque de nuevas órdenes de compra”.

Lo enmarcó en la crisis que dejaron los cuatro años de Macri. “Ha pasado mucho después de los cuatro años del macrismo y todas las acciones fueron para desindustrializar. Era el debate que teníamos en los ’90 cuando arrancó fuertemente la desindustrialización en la isla pero nunca nos vimos tan traspasados como en estos cuatro años, donde nuestro régimen ya tenía prácticamente sentencia de muerte. Toda la situación nos fue llevando a una precariedad absoluta. Ahora una pasantía casi se celebra como un empleo de calidad y eso no debe ser así. Nosotros aspiramos a que las condiciones de trabajo sean propiciadas para un empleo de calidad, pero hubo una transferencia de negocios en pocas manos, en las grandes mayorías que se quedaban con las exenciones impositivas por encima del común de los ciudadanos, que cada día vimos cómo se encarecía el costo de vida. Las mismas empresas siguen radicadas en la provincia y lo que hay que rediscutir es el tema de la riqueza, los convenios petroleros, toda la industria, no sólo la electrónica”, sentenció.

“Hay que discutir sector por sector, pero tampoco se pueden aplicar leyes o tarifas que vayan en contra del sentido común o plantear aumentos cuando los salarios siguen siendo los mismos. Nadie se quiere meter con los balances de las empresas, pero a nosotros jamás nos molestó que nos controlaran cada una de las situaciones. En estos cuatro años gran parte de los empresarios licuaron indemnizaciones a través de un dólar muy alto, y pagaron cifras irrisorias por muchos años de trabajo. No sé cómo será la situación en Río Grande, pero en Ushuaia prácticamente no existen trabajadores efectivos. En 2015 teníamos un número más que interesante, de unos 3.500 trabajadores, y en la actualidad no quedan más de 700”, aseguró.

“Hay que discutir la previsibilidad de las empresas pero por sobre todas las cosas pensar en la estabilidad de la mano de obra y que la gente no siempre tenga que estar chantajeada con postergaciones o tener que congelarse los salarios por dos años para hacer rentables determinados negocios, porque no todas las empresas se vieron impactadas por la crisis de la misma manera”, enfatizó.