
La principal preocupación de los mandatarios sureños radica en el estatus sanitario que la Patagonia mantiene gracias a décadas de trabajo para eliminar la fiebre aftosa sin vacunación. Según plantean, la apertura significaría un riesgo que pondría en jaque tanto la sanidad de la región como la competitividad de sus productores locales. Si bien el Senasa argumentó que los muestreos realizados reflejan una ausencia de circulación viral en todo el territorio nacional, las provincias patagónicas consideraron insuficiente esa justificación.
Frente a este escenario, el ministro de Economía, Luis Caputo, dio marcha atrás de forma transitoria y propuso crear una mesa de trabajo que reúna a representantes nacionales y provinciales. El objetivo es negociar los términos de la flexibilización y asegurar, en palabras del propio funcionario, que “ningún sector resulte perjudicado”. Durante este lapso de tres meses, las partes discutirán aspectos técnicos y sanitarios para prevenir un potencial brote que podría afectar no solo a la zona, sino también la credibilidad de la actividad ganadera a nivel nacional.
Por otra parte, La Pampa se mostró a favor de la resolución de Senasa al considerar que sería un paso hacia la expansión de su economía local, arguyendo que no existe motivo para sostener una “traba histórica” que, en su visión, entorpece la libre circulación de productos cárnicos. Una vez conocida la postergación de la norma, el gobernador Sergio Ziliotto lamentó la suspensión y afirmó que se frena una medida que resultaba beneficiosa para los productores pampeanos.
Mientras tanto, dirigentes como Alberto Weretilneck (Río Negro) y Rolando Figueroa (Neuquén) criticaron que la disposición de Senasa se había adoptado sin la debida consulta a las autoridades provinciales. Ambos remarcaron la importancia de mantener una estrategia conjunta que resguarde el trabajo de los productores y los frigoríficos regionales, advirtiendo que el esfuerzo invertido en asegurar la zona libre de aftosa sin vacunación no puede verse comprometido por una decisión unilateral.
Con el proceso de diálogo en marcha, las provincias patagónicas aguardan que la nueva mesa de trabajo brinde soluciones consensuadas. Según han anticipado sus gobernadores, cualquier modificación en el régimen sanitario debería nacer de un acuerdo amplio y razonable, que equilibre los objetivos comerciales con la salvaguarda de los logros sanitarios alcanzados tras años de esfuerzo e inversión.
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