En el marco de la ley de emergencia penitenciaria, Ariel Ciares, director del Servicio Penitenciario de la Provincia, conversó con Minuto Fueguino y destacó los avances en la construcción de un nuevo espacio para internos, una iniciativa destinada a aliviar el hacinamiento y mejorar las condiciones de habitabilidad en las unidades existentes.

Según Ciares, “hoy tenemos 164 internos en Ushuaia, 160 en Río Grande y 25 personas que monitoreamos a través del sistema de monitoreo, del cual estamos a cargo junto con el Patronato de Presos y Liberados”. Esta realidad refleja el incremento sostenido de la población penal, con un crecimiento anual aproximado del 20%.

La nueva estructura, diseñada para internos con un principio de autodisciplina, contará con una normativa distinta a la de las actuales unidades penitenciarias. “En principio, será un espacio que reunirá condiciones mínimas de habitabilidad. Actualmente, estamos completando el llenado de los encadenados del cordón perimetral, pero estamos sujetos al tiempo de fraguado de los materiales”, explicó Ciares, quien estima que la obra estará lista en unas dos semanas y media.

El hacinamiento es una problemática particularmente grave en Ushuaia. “No tenemos una institución carcelaria adecuada para cumplir con las normativas previstas”, señaló. Sin embargo, también destacó que en esa ciudad se proyectan obras similares para el futuro, gracias a la nueva ley de emergencia en seguridad, que permite una planificación más amplia en materia carcelaria.

Respecto a la construcción de una nueva cárcel, Ciares aseguró que “esto sigue vigente. La diferencia sustancial entre una cárcel y una alcaidía radica en que la primera incluye espacios para recreación, educación y trabajo, mientras que las alcaidías son lugares de tránsito temporal”. Además, agregó que esta proyección “traerá un gran alivio a la situación habitacional de los internos”.

“Hoy la situación es bastante buena, tenemos un diálogo muy abierto con la población penal. Se fomenta el trabajo, la educación y las actividades deportivas”, destacó. Entre los logros mencionó que algunos internos han culminado sus estudios de Derecho mediante convenios con universidades.

Ciares explicó que los trabajos de ampliación en las unidades están siendo realizados por los propios internos, con materiales adquiridos gracias a la ley de emergencia. También detalló que las actividades laborales y educativas buscan identificar el “factor criminógeno” y proponer tratamientos adecuados para la reinserción social. “Tenemos talleres de carpintería, soldadura, tapicería y mecánica, que permiten a los internos adquirir pautas de conducta aceptadas por la sociedad”.

La falta de personal es otra problemática relevante. “Al crecer la población penal, necesitamos más personal para traslados y tratamientos penitenciarios”. Actualmente, se están formando nuevos agentes penitenciarios, un proceso que dura seis meses. “Lamentablemente, no hay muchas personas interesadas en sumarse a esta institución, a pesar de ser una función social muy comprometida”, agregó.

Sobre un caso reciente que generó controversia, aclaró: “El permiso no es ambulatorio, tiene que ver con una autorización por razones médicas. Este interno se encuentra en prisión domiciliaria, monitoreado con una tobillera electrónica. Si saliera de su domicilio sin autorización, se activaría una alarma”.

Ciares señaló que los costos de mantener a un interno han aumentado significativamente, pero aún no se cuenta con cifras actualizadas. “Hasta el año pasado, el costo superaba los 1.600.000 pesos”.

El uso de teléfonos está limitado a dispositivos analógicos, una medida adoptada durante la pandemia para garantizar el derecho a la comunicación con familiares. “Los teléfonos con sistema Android están prohibidos y, si se detectan, son considerados faltas disciplinarias”, aseguró. Además, explicó que algunos internos tienen acceso a plataformas educativas online, pero no a redes sociales.

Finalmente, el director subrayó la importancia de continuar trabajando en soluciones integrales que aborden tanto la situación habitacional como el tratamiento y la reinserción social de los internos, considerando los retos que enfrenta el sistema penitenciario en la provincia.