El Gobierno sigue intentando apagar la polémica en torno a los permisos que otorgó a principios de año a LeoLabs, firma integrada por capitales británicos, para la instalación de un radar de largo alcance en Tierra del Fuego. Tras revertir los avales que habilitaron la instalación de la antena muy cerca de la localidad de Tolhuin, distante poco más de 5 kilómetros de la ciudad de Río Grande, ahora dependencias oficiales como el Ministerio de Defensa salieron a pedir la cancelación definitiva del radar. Y hasta se reconoció que dicha tecnología permitiría a la empresa generar información para un eventual uso militar. La cartera también expuso que LeoLabs eligió adrede esa ubicación en el Sur.

Encabezado por Jorge Taiana, el Ministerio de Defensa presentó un informe técnico en los que señaló que, a raíz de las características de los sensores de la Estación Radar AGRS LeoLabs, "es posible asegurar" que esa tecnología puede "ofrecer información analizada para uso militar".

Esta apreciación choca de frente con los dichos emitidos por Andrés Dachary, secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales en el gobierno de la provincia de Tierra del Fuego, quien a fines de junio negó cualquier utilización de la antena fuera de la función científica.

En ese momento, el funcionario remarcó que el proyecto "nada tiene que ver con funciones militares", para enseguida destacar que fue presentado como una iniciativa "dentro del ámbito de la Estación Astronómica de Rio Grande, que es un organismo dependiente de la Universidad Nacional de La Plata".

"Tengo entendido que ya está en la última etapa, a muy pocos kilómetros de Tolhuin que es donde estaría emplazada. Todo lo que tiene que ver con el proyecto es permanentemente monitoreado por la Estación Astronómica y depende de un proyecto previo, es decir, no es la única antena que hay en la provincia", afirmó Dachary.

Defensa pide la cancelación definitiva del radar

A mediados de esta semana, Taiana firmó una carta dirigida a la Jefatura de Gabinete en la que solicitó la "cancelación y suspensión definitiva de la instalación y puesta en funcionamiento de la Estación AGSR de LeoLabs Argentina" por "vulnerar la seguridad nacional y ser incompatible con la Directiva de Política de Defensa Nacional (Decreto 457/2021)".

En su informe, Defensa se señaló que pese a que el "objeto de la instalación de la Estación AGSR que LeoLabs declara tener es del tipo comercial, dada las características de los sensores radar instalados es posible asegurar que también puede ofrecer información analizada para uso militar".

"Es altamente probable que los servicios que ofrece la empresa tengan un rol clave dentro del sistema de alerta temprana y monitoreo de actividades espaciales de otros países como el Reino Unido, ya que la Estación AGSR es capaz de obtener detectar y seguir objetos en órbita baja, cuyos datos se convierten en materia prima para la información que la empresa comercializa", amplió el documento.

Si bien el radar hoy no se encuentra operativo –aunque sí instalado–, el dispositivo realizó una serie de pruebas en los últimos meses.

Radar británico: su ubicación en Tierra del Fuego no fue casual

En su informe, Defensa mencionó que el AGRS "tiene el potencial de ser utilizado para escucha e inteligencia de señales, incluso, cuando el radar se encuentra sin operar".

Además, se analizó que la empresa británica podría haber instalado esa tecnología "en el sur chileno o en las Islas Malvinas" pero "decidió hacerlo en la localidad fueguina de Tolhuin", que se encuentra en una "ubicación estratégica para la política de defensa nacional".

"Esta ubicación geográfica le otorga a la empresa un acceso privilegiado para la obtención de datos espaciales a nivel global, que son la materia prima para la elaboración de información espacial de uso comercial, pero también de inteligencia, con la posibilidad de ser utilizada por el sistema de inteligencia de los Estados Unidos y, eventualmente, ser diseminada al Reino Unido", se remarcó en el documento.

Lo expuesto por Defensa se condice con lo enfatizado por Juan Martín Paleo, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, quien a través de una columna difundida recientemente definió a la instalación de las antenas de radar como una "seria amenaza a la seguridad nacional".

"Tal es el perfil dual de la empresa (es decir civil y militar) que en la composición del directorio de LEOLABS hay ex miembros del Departamento de Defensa de los EE.UU. y de la comunidad de inteligencia de dicho país, así como también de la Real Fuerza Aérea Australiana", afirmó el militar.