Las empresas encargadas del transporte y la distribución de gas natural en Argentina han presentado al Gobierno una propuesta que contempla un incremento tarifario cercano al 50%, lo que se traduciría en un alza promedio del 20% en las facturas que pagan los consumidores a partir de marzo. Además, solicitan la implementación de un mecanismo de ajuste mensual vinculado a la inflación, con el objetivo de mantener sus ingresos, asegurar una rentabilidad estable y financiar un plan de inversiones que supera los USD 1.000 millones en los próximos cinco años.

Esta iniciativa se enmarca dentro de la Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT), actualmente desarrollada por el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) a través de una Audiencia Pública. Durante este proceso, además de analizar los nuevos cuadros tarifarios para el período 2025-2029, se propusieron cambios en la normativa para evitar que las compañías interrumpan el suministro a los clientes que no paguen conceptos ajenos al servicio, como las tasas municipales.

Diversas compañías del sector –entre ellas Transportadora de Gas del Norte (TGN), Transportadora de Gas del Sur (TGS), Metrogas, Naturgy, Camuzzi, Ecogas, Litoral Gas y Gas Nea– han presentado sus solicitudes de ingresos para el quinquenio. La Secretaría de Energía de la Nación ha asegurado que, a pesar del aumento propuesto, el impacto directo en las boletas de los usuarios finales se mantendría por debajo del 10%, aunque podría abrir la posibilidad de aplicar el mecanismo de indexación mensual.

Es importante recordar que las facturas de gas se componen de cuatro elementos: el costo de la energía, el transporte, la distribución y los impuestos (nacionales, provinciales y municipales). Asimismo, las subvenciones estatales se reflejan como una bonificación sobre el precio del gas. En este contexto, el Ministerio de Energía anunció que, a partir de febrero, se ajustarán los subsidios: se incrementará ligeramente el apoyo para los usuarios de menores ingresos, mientras que se recortará para aquellos de ingresos medios.

Daniel Martini, director de la Asociación de Distribuidores de Gas (Adigas), destacó que este proceso de revisión de tarifas busca recuperar la vigencia de la ley que impulsó la gestión privada del servicio. Según sus datos, en los 32 años de existencia de este esquema, se registraron 22 años de atraso tarifario. Martini recordó que la última revisión se efectuó durante el Gobierno de Mauricio Macri, seguida de un período de congelamiento que se extendió hasta el año pasado. Además, subrayó que los ajustes permitidos por el actual Gobierno han generado, en 2024, un incremento del 400% en las facturas finales de los usuarios, aunque la morosidad se mantiene baja, en torno al 3,52%.

La mejora en los balances de las empresas del sector ha abierto la puerta a consolidar una mayor rentabilidad y a transformarlas en entidades “sujetas de crédito”. En línea con esta visión, los distribuidores, según Adigas, requieren una inversión acumulada de aproximadamente USD 936 millones en los próximos cinco años. El mecanismo de ajuste mensual que solicitan debería seguir la variación del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM), publicado por el Indec, lo que permitiría contrarrestar los efectos de la inflación mayorista.

En cuanto a ejemplos concretos, Metrogas detalló que para un usuario residencial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) que consuma hasta 500 m³ anuales, la factura promedio de $7.298 se incrementaría en $1.685 (un 23% adicional) en el concepto de distribución. En el Gran Buenos Aires, donde el promedio alcanza los $8.864, el aumento propuesto se situaría en $1.946, equivalente a un 22% de alza.

Otros ejemplos ofrecidos por TGN ilustran que, para un consumidor residencial promedio de Tucumán (Nivel 1, sin subsidio y sin bonificación por zona fría) que actualmente abona $14.889 mensuales, el costo del servicio de transporte podría aumentar en $636, representando un 4,3% de incremento. En contraste, un usuario similar en Santa Fe, que paga $26.423 mensuales, vería aumentar su tarifa de transporte en $2.566 (un 9,7% más). Por su parte, TGS explicó que, en un escenario donde el transporte, la energía, la distribución y los impuestos representan el 16%, 27%, 34% y 23% de la factura respectivamente, el ajuste solicitado supondría un aumento del 3,6% en el componente del transporte, lo que se traduce en un incremento de $270 mensuales para un usuario de la Categoría R.1 – Nivel 1 con un consumo promedio de 197 m³.

Con estas propuestas, el sector busca no solo ajustar sus tarifas a la realidad económica actual, sino también garantizar las inversiones necesarias para mejorar la infraestructura y la calidad del servicio. La decisión final sobre estos aumentos y el mecanismo de indexación quedará en manos de las autoridades, en un contexto donde el equilibrio entre la sostenibilidad financiera de las empresas y la protección de los usuarios es más crucial que nunca.