El diputado Jorge Araujo Hernández, representante del bloque Unión por la Patria, presentó un proyecto en la Cámara de Diputados para instar al Poder Ejecutivo Nacional a restablecer la operación del Corredor Atlántico a la Patagonia de la empresa estatal Líneas Aéreas del Estado (LADE). La propuesta busca recuperar la conectividad aérea mínima vigente hasta 2017, incluyendo destinos clave como Río Grande y Ushuaia en Tierra del Fuego, además de Río Gallegos y Trelew.

El Corredor Atlántico, implementado en 2017, dejó de operar en septiembre de 2024 debido a la reestructuración financiera del gobierno nacional. Su desaparición redujo las opciones de conectividad para diversas ciudades patagónicas, aumentando la dependencia de Buenos Aires como punto de enlace para los vuelos. Aunque actualmente se mantienen algunas conexiones entre Ushuaia, Río Grande y Río Gallegos tres veces por semana, además de vuelos desde Comodoro Rivadavia hacia otros destinos del sur, la nueva oferta no logra sustituir el alcance que garantizaba el corredor en su esquema original.

La iniciativa presentada por Araujo Hernández cuenta con el respaldo de varios diputados, entre ellos Ramiro Gutiérrez, Marcela Passo, Sabrina Selva, Mónica Liza, Daniel Arroyo, Micaela Moran, Agustina Propato, Daniel Gollan, Lorena Pokoik, Vanina Marín, Bable Yedin, Diego Giuliano, Andrea Freites y Eduardo Toniolli.

Históricamente, LADE, que opera bajo la administración de la Fuerza Aérea Argentina, ha sido fundamental para conectar regiones de difícil acceso en el país, ofreciendo un servicio que las aerolíneas comerciales privadas no cubren. La suspensión del Corredor Atlántico ha impactado a los pasajeros que dependían de estas rutas, al eliminar una alternativa que permitía trasladarse por la Patagonia sin necesidad de hacer escala en Buenos Aires.

El proyecto legislativo busca que se arbitren los medios necesarios para que LADE restablezca la frecuencia y el esquema de vuelos que permitían un mayor acceso a distintos puntos de la región. Sin embargo, la viabilidad de esta medida dependerá de la decisión del Ejecutivo y la disponibilidad de recursos para su implementación.