En una resolución impactante, el Superior Tribunal de Justicia anuló en 2024 la sentencia que había absuelto, por el beneficio de la duda, al suboficial principal de la Armada Argentina, Reinaldo Cardozo, acusado en 2013 de haber abusado sexualmente de una marinera en la Base Naval de la capital fueguina. La decisión ordena remitir el caso al Tribunal de Juicio de Ushuaia, para que, previa integración, se reabra el juicio oral de forma no pública y se dicte una nueva sentencia.

La decisión se produjo por mayoría, en tanto que el juez Ernesto Löffler se había opuesto a aceptar los recursos de casación presentados tanto por la Fiscalía como por la querella, sugiriendo que se debía confirmar la absolución basándose en el principio in dubio pro reo ante la imposibilidad de alcanzar un juicio de certeza absoluta. En contraste, los magistrados Javier Muchnik, Carlos Gonzalo Sagatusme y Edith Miriam Cristiano votaron para anular la sentencia original dictada por los jueces Rodolfo Bembihy Videla, Alejandro Pagano Zavalía y Maximiliano García Arpón, mientras que la jueza María del Carmen Battaini se excusó de participar en el fallo.

Según los magistrados, la sentencia impugnada presentaba serias deficiencias al abordar el caso desde una perspectiva de género. Se destacó que se cuestionó de forma injustificada la credibilidad de la denunciante, atribuyéndole una supuesta intención espuria, en lugar de realizar una valoración integral de todos los testimonios y de analizar la relación entre la víctima, el imputado y la institución involucrada. Este enfoque, según los Cortesanos, evidenció un “sesgo discriminatorio de género” que perjudicó la correcta apreciación de los hechos.

El proceso, cuya nueva fase dará inicio el próximo 6 de marzo, reabre un capítulo doloroso en la memoria de los hechos denunciados en 2013. En aquel entonces, el Tribunal de Juicio en lo Criminal de Ushuaia había absuelto a Cardozo “por el beneficio de la duda”, desestimando la solicitud del fiscal mayor Eduardo Urquiza de imponer una pena de tres años de prisión. Tras la sentencia, la denunciante, identificada como “Lucía”, manifestó su indignación ante la opinión pública, afirmando: “Es como un baldazo de agua fría. Hay elementos para condenar al acusado y lo demostraremos en la instancia superior.”

La nueva decisión del Superior Tribunal de Justicia pone en evidencia las tensiones existentes en el sistema judicial en torno a la valoración de denuncias de abuso sexual, especialmente cuando se debate sobre el tratamiento de la credibilidad de la víctima desde una perspectiva de género. Con la reapertura del juicio, se espera que la revisión del caso permita una evaluación más rigurosa y equitativa de la evidencia presentada.