La incertidumbre sobre el acceso al cannabis medicinal en Argentina se intensifica tras las recientes declaraciones de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sobre la posible eliminación del Registro del Programa de Cannabis (REPROCAN). Esta medida ha generado alarma entre pacientes y organizaciones que defienden su uso terapéutico, mientras que en Tierra del Fuego la falta de reglamentación de la Ley Provincial 1277 sigue siendo un obstáculo para quienes dependen de este tratamiento.

Sancionada en 2019, la ley provincial busca regular el acceso y el autocultivo de cannabis medicinal en la provincia, pero su implementación se encuentra paralizada. Joe Mendoza, representante de la Asociación Civil Cannábica Tricomas Fueguinos de Río Grande, advirtió que el cambio de administración nacional ha frenado cualquier avance en la materia, dejando a pacientes y cultivadores sin un marco legal claro.

Las demoras en la reglamentación han tenido un impacto directo en quienes necesitan cannabis medicinal para tratar diversas patologías. Muchos pacientes han visto dificultades para renovar sus autorizaciones, y algunos llevan más de un año esperando respuestas. Además, la falta de regulación ha llevado a que varios médicos dejen de prescribir estos tratamientos debido a las trabas administrativas, profundizando la incertidumbre en el sector.

A nivel nacional, la situación se ha complicado aún más con el decreto 3132 del Ministerio de Salud, que ha sido rechazado por distintas organizaciones civiles. Entre las disposiciones más cuestionadas se encuentran la exigencia de antecedentes penales para los miembros de ONG que trabajan con cannabis y la obligatoriedad de una diplomatura específica para los médicos que lo prescriben. Estas medidas, según los críticos, restringen aún más el acceso y contradicen el espíritu de la Ley Nacional 27.350, que garantiza el uso del cannabis con fines medicinales.

El temor principal de la comunidad cannábica es que el REPROCAN sea eliminado sin previo aviso, lo que dejaría a miles de pacientes en una situación de vulnerabilidad. Aunque expertos advierten que un cambio de esta magnitud requeriría un proceso legislativo extenso, la falta de certezas genera preocupación.

Mientras en provincias como Chubut, Neuquén, Mendoza, Buenos Aires y Misiones avanzan en sus propias regulaciones para garantizar el acceso al cannabis medicinal, en Tierra del Fuego la reglamentación de la Ley 1277 sigue siendo una deuda pendiente. Organizaciones civiles y pacientes continúan su lucha para lograr un marco legal que les permita acceder a sus tratamientos sin trabas burocráticas ni el temor a sanciones legales.