La reciente aprobación de una excepción para la instalación de una estación de servicio en la zona costera de Ushuaia ha generado un intenso debate en la comunidad, especialmente entre sectores ambientalistas. Se plantea la necesidad de una audiencia pública para evaluar los posibles impactos del proyecto en el ecosistema de la región.

Especialistas en derecho ambiental sostienen que, según la normativa vigente, es imprescindible garantizar instancias de participación ciudadana cuando una obra pueda generar un impacto significativo en el ambiente. Destacan que los ecosistemas costeros son altamente vulnerables y requieren medidas estrictas de preservación.

En este sentido, se advierte sobre la importancia de respetar la Ley General del Ambiente, que establece criterios superiores a las normativas locales en materia de evaluación ambiental. La necesidad de una audiencia pública se fundamenta en la transparencia del proceso y en la posibilidad de que la comunidad acceda a toda la información relevante antes de avanzar con la obra.

Desde distintos sectores se insiste en que la magnitud del impacto ambiental debe ser determinada con rigor y en base a estudios técnicos detallados. Además, se subraya que cualquier contradicción entre las regulaciones locales y las disposiciones nacionales debe resolverse en favor de la protección ambiental y la participación ciudadana.

Mientras tanto, la polémica en torno a la instalación de la estación de servicio continúa, con llamados a evaluar exhaustivamente los estudios ambientales previos y garantizar que la decisión final se tome en base a criterios de sostenibilidad y respeto por el entorno natural.