En una reciente entrevista, Ariel Ciares, Director del Servicio Penitenciario de Río Grande, se enfrentó a las acusaciones de Graciela Flamenco, enfermera de la unidad. Flamenco ha denunciado supuestos actos de persecución laboral, así como la retención de sus haberes, en un contexto de graves irregularidades que han sacudido a la institución.

La controversia comenzó en agosto de 2022, cuando Flamenco presentó un informe en el que alegaba que Elvio Montenegro, un oficial del servicio, le solicitó dinero a cambio de recargos de horas que ella supuestamente no había realizado. Según Ciares, "esto generó un sumario administrativo, que continúa su curso mientras la justicia investiga". En este sentido, el director enfatizó que el oficial Montenegro está bajo investigación penal, lo que ha complicado el avance del sumario administrativo.

"Es importante distinguir entre las dos situaciones. La denuncia de Flamenco data de 2022 y está relacionada con actos que ella asegura haber presenciado. Sin embargo, la investigación penal debe concluir antes de poder tomar decisiones administrativas", explicó Ciares.

Uno de los puntos más críticos de la situación es la suspensión de los haberes de Flamenco. Ciares aclaró que esta decisión fue tomada tras descubrir que Flamenco, mientras estaba de licencia por salud en el servicio penitenciario, estaba trabajando simultáneamente en Mamá Margarita. "Esto constituye una doble facturación al Estado, prohibida por la ley", afirmó.

El artículo 9 de la Constitución de la Provincia prohíbe a los empleados públicos percibir salarios de más de una fuente a la vez, salvo en ciertas excepciones. "Si permitiera que Flamenco continúe cobrando, estaría violando la ley y comprometiendo la integridad fiscal del Estado", sostuvo el director.

La enfermera ha impugnado la suspensión de sus haberes en los tribunales laborales, alegando que no se le comunicó adecuadamente la situación. Sin embargo, el juez de instrucción desestimó su recurso, confirmando que no había elementos suficientes para continuar con su reclamo. "La normativa es clara; permitirle continuar percibiendo salarios sería una violación de mis deberes como funcionario público", recalcó Ciares.

Esta decisión ha llevado a Flamenco a un juicio laboral, que se encuentra en curso. "El fallo del juez fue en contra de sus intereses, y se ha apelado a la Cámara, pero la ley es contundente en estos casos", señaló el director.

A lo largo de la entrevista, Ciares también abordó las alegaciones sobre una cultura de irregularidades dentro del Servicio Penitenciario. Según informes, existen prácticas en algunas comisarías donde se llevan a cabo arreglos para el manejo de horas y fondos. "Cualquier denuncia sobre coacción o manipulación debe ser investigada a fondo. Mi responsabilidad es asegurar que el manejo del servicio penitenciario se realice con transparencia y legalidad", afirmó.

El director hizo hincapié en que la situación actual no solo afecta a las personas involucradas, sino que también pone en duda la confianza en el funcionamiento del sistema. "Es fundamental que quienes tengan conocimiento de irregularidades se presenten y las denuncien, porque el bienestar de todos depende de la honestidad y la integridad en el trabajo", comentó.

Finalmente, en cuanto a su relación con Elvio Montenegro, Ciares fue directo: "Somos compañeros de trabajo, no hay nada más. Estoy aquí para garantizar que se sigan los procedimientos legales". Esta aclaración es clave, ya que las acusaciones de Flamenco han generado un ambiente tenso en el que algunos funcionarios parecen verse involucrados en una red de irregularidades.

La situación en el Servicio Penitenciario de Río Grande es compleja y sigue desarrollándose. Con múltiples denuncias y una investigación penal en curso, se espera que los resultados arrojen más claridad sobre las acusaciones de Flamenco y su impacto en la administración del servicio. Ariel Ciares ha dejado en claro su compromiso con la legalidad y la transparencia, pero el futuro del servicio dependerá de cómo se manejen estas denuncias y de las decisiones que tome la justicia en los próximos meses.