El Gobierno apurará esta semana nuevos cierres paritarios para solidificar la pauta de aumentos de este año con una referencia de 32 por ciento y revisiones entre octubre y noviembre. El número está presente en negociaciones de largo alcance como la de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y otras que en lo inmediato podrán plasmarse en acuerdos, como en el caso de AySA (de Obras Sanitarias) y del sindicato del gas para todas las empresas de distribución y provisión domiciliaria del servicio. Se trata de un valor que buscará cumplir con el compromiso de Alberto Fernández de que este año los sueldos deberán ganarle a la inflación, que según el Presupuesto 2021 deberá estar en torno del 29 por ciento.

Hasta ahora la política salarial del Ejecutivo encontró dos hitos: el arreglo de la Asociación Bancaria con las entidades financieras por una suba de 29% con dos revisiones durante el año de ejecución, y la semana pasada la paritaria nacional de los docentes, que cerró con un incremento garantizado de 34,6 por ciento en tres cuotas a renegociar en noviembre. Para darle un cauce definitivo a su pauta el oficialismo deberá asegurarse poner en la misma línea un puñado de sindicatos: Comercio, con más de un millón de trabajadores alcanzados por su convenio colectivo; la Uocra (con alrededor de 350 mil albañiles), y estatales de UPCN, todos con escalas salariales que vencen durante el primer semestre del año.

Los primeros acuerdos que sucederán a los de La Bancaria y los docentes verán la luz esta misma semana. Sus protagonistas serán dirigentes de gremios directamente involucrados con servicios públicos: José Luis Lingeri, líder del sindicato de Obras Sanitarias y hombre clave en la empresa pública Aguas y Saneamientos (AySA), y Oscar Mangone, del sindicato del gas. Ambos firmarán acuerdos por aumentos salariales del 32 por ciento, confirmaron en el Ejecutivo y los propios gremios. En rigor son paritarias con números acotados de trabajadores alcanzados (toda la actividad del gas representa cerca de 10 mil asalariados) pero con la condición de ser sectores sensibles de la economía, con buenos sueldos y situados políticamente como alineados al Frente de Todos.

En el caso de la UOM es más complejo porque la intervención del Estado es acotada. El gremio que conduce Antonio Caló presentó ayer por escrito el pedido de apertura de negociaciones salariales con las cámaras empresarias como Adimra (la de mayor cantidad de empresas contenidas), AFAC (autopartistas), Camima (pyme), Fedehogar (línea blanca), Afarte (terminales electrónicas de Tierra del Fuego) y Caiama (aluminio). Cerca del gremialista admitieron contactos del Ministerio de Trabajo para encaminar la paritaria hacia una suba del 32 por ciento.

Los metalúrgicos, que vienen de cerrar una paritaria 2020 con un agujero negro de un semestre sin aumentos, con miles de despidos y suspensiones durante la pandemia y un arreglo sobre fin de año que totalizó 39,6% pero con pocos meses de vigencia, adelantaron que podrán allanarse a la pauta oficial sólo si el Gobierno les garantiza que las cláusulas de revisión serán de carácter automático en caso de superarse lo acordado por el ritmo inflacionario. Es decir, que en los hechos terminen por ser cláusulas gatillo. En lo formal el gremio debería negociar a partir de abril sus aumentos salariales pero el interés oficial puede anticipar las conversaciones.

En el Gobierno contabilizan otros sindicatos con vencimientos inminentes de sus paritarias como el de encargados de edificios (Suterh), de Víctor Santa María, uno de los gremialistas más cercanos a Alberto Fernández; Aguas Gaseosas (Fataga), Recibidores de Granos (Urgara), Lecheros (Atilra), Químicos y Ladrilleros (Uolra), entre otros.