Las diversas empresas textiles de la provincia, y principalmente de Río Grande, atraviesan uno de sus peores escenarios desde que se radicaron en Tierra del Fuego para ser una de las principales industrias pioneras de la isla.

A menos de seis meses de que venza el plazo para que puedan ser incluidas en la prórroga del subrégimen industrial, tanto los empresarios como los más de mil trabajadores que forman parte del sector textil de Tierra del Fuego, no saben si van a continuar en sus puestos de trabajo en el marco de un escenario marcado por la política y también por el fuerte lobby empresarial.

Quien brindó declaraciones al respecto fue el Lic. Alberto Garófalo, apoderado de la Cámara Fueguina de la Industria Nacional (CAFIN). En Radio Nacional Ushuaia, comentó que “oficialmente no tenemos novedades. Sabemos que hay algunas deliberaciones al respecto, que han avanzado en la discusión, pero no han escrito la resolución. Tenemos entendido que va a salir con algunas restricciones importantes en la operación de las textiles, pero todavía no hay nada oficial, y ahí estamos viendo qué más se puede hacer porque obviamente con el plazo que resta de beneficios, se está comprometiendo la planificación de abastecimiento de las fábricas”.

Respecto a aquellas modificaciones que surgirían a partir de la nueva resolución, consideró que “el decreto no dice cuáles son las condiciones que deberían cumplir y tampoco ese plazo plurianual de cuánto va a ser. Lo que va a salir es una resolución porque el decreto autoriza a la autoridad de aplicación a llevar adelante la prórroga para los textiles bajo ciertas condiciones y esa resolución va a fijar determinadas condiciones e incluso sé que hay una discusión sobre qué grado debe tener la norma para implementar ese tipo de restricciones. La ley autoriza al ejecutivo prácticamente de todo. Va a depender con qué insumo trabaje cada fábrica porque va a haber restricciones a la importación de insumos o eso se pretende, con lo cual, se estaría dejando de lado el beneficio principal que ofrece el régimen para la industria nacional más allá del IVA. Si determinados insumos no se pueden importar, la ecuación cambia totalmente porque ahí pesa mucho el flete; no tiene sentido que no se pueda importar algo que no tiene producción nacional. Hay mucha producción fueguina a partir de insumos que no se fabrican en el país, pero para ellos hay reservadas algunas sorpresas con respecto a cómo se va a cuantificar el beneficio”.

Asimismo, y en relación a las declaraciones del gobernador Gustavo Melella, quien días atrás deslizó la posibilidad de iniciar acciones judiciales, Garófalo sostuvo que “si bien nuestra preocupación es cuánta velocidad se le puede imprimir a una acción judicial, nos parece bien por lo que se supone escribir, me parece que se van a infringir algunas cosas. A nadie se le escapa cuáles son las presiones que tiene el Gobierno Nacional por parte del sector textil del continente y lo que esos sectores vienen reclamando desde el extremo de que no haya renovación hasta condicionar a la industria textil de Tierra del Fuego hasta el punto de que no represente una competencia. Lo que siempre se discutió acá es una cuestión de precios de mercado.

Continuando con las críticas, agregó que “la industria textil nacional debe ser el más protegido de la industria y aun así encuentra una competencia en las textiles fueguinas que, por tener acceso a materia prima importada, puede llegar al mercado en condiciones de precios mejores que al resto de la industria nacional. Esto es una guerra sin cuartel. Ellos han participado de las discusiones de una manera en la que nosotros no hemos podido y esto es claro. Ellos se muestran muy activos en los despachos oficiales en las que nosotros no tenemos acceso. Es una pelea desigual, pero hace más de 40 años que estamos en esto y no nos vamos a rendir ahora. Me parece que está pesando mucho el lobby del continente que viene presionando con esto y no se está discutiendo en un marco general de lo que significa la presencia de las industrias en la isla. El factor geopolítico ha desaparecido de la discusión y en esas condiciones se hace duro”.

Por último, expresó que “faltan menos de seis meses para que venza el régimen y una presentación hoy puede suponer que el daño no es inminente. Por otro lado, según cómo salga la norma, se podrá accionar si hay alguna discriminación adicional a la que ya hubo con el decreto 727. Es complejo y va a tener que ser por una vía rapidísima de acceso inmediato a la Corte Suprema porque sino cuando llegue el fallo, las empresas no van a existir. La presión es muy fuerte. Esperábamos algo más ecuánime por parte del vasco de Mendiguren. Personalmente lo conozco y la verdad me ha sorprendido en esta instancia, pero no pierdo las esperanzas. Estamos en momentos definitorios”.