El Gobierno nacional tiene previsto implementar antes de fin de año un nuevo esquema de subsidios energéticos, con el objetivo de reducir el gasto fiscal y concentrar la ayuda estatal únicamente en los sectores más vulnerables. Esta medida implicaría la salida del beneficio para unos 3,2 millones de hogares de clase media, que actualmente acceden a descuentos en sus facturas de electricidad.

La reformulación de los subsidios a la luz y el gas se enmarca en los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y contempla la eliminación del sistema de segmentación vigente, que divide a los usuarios en tres niveles según sus ingresos. El nuevo modelo propone un esquema más focalizado, aunque desde el área energética admiten que el entrecruzamiento de datos es complejo y que muchos hogares podrían quedar afuera por falta de documentación o registro adecuado.

Según los últimos datos del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), unos 9,5 millones de hogares –el 58% del total de usuarios residenciales– reciben actualmente algún tipo de subvención en sus tarifas eléctricas. De un total de 16,3 millones de usuarios, 6,9 millones pertenecen al Nivel 1 (sin subsidio), 6,2 millones al Nivel 2 (ingresos bajos con subsidio pleno) y 3,2 millones al Nivel 3 (ingresos medios con subsidio parcial).

En lo que respecta al gasto público, el año pasado las erogaciones en subsidios energéticos totalizaron USD 6.252 millones, un 35% menos que en 2023. La tendencia a la baja continúa este año: entre enero y marzo de 2025, se gastaron USD 370 millones, lo que representa una caída interanual del 44%. Para el cierre del año, se estima que la cifra rondará los USD 4.433 millones, equivalentes al 0,7% del PBI, el nivel más bajo desde 2007.

Desde diciembre de 2023, los aumentos tarifarios fueron significativos. En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), las boletas eléctricas sin subsidio subieron un 264%, mientras que las de gas se incrementaron un 622%, según el Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP de la UBA-Conicet.

En paralelo, la Secretaría de Energía, liderada por María Tettamanti, también busca avanzar en la desregulación del sistema eléctrico. La reciente Resolución 21/2025 habilita a las empresas a firmar contratos sin pasar por CAMMESA, la compañía estatal que centraliza actualmente las operaciones entre generadoras y distribuidoras. Esta transformación busca instaurar un esquema de libre contratación, como el de los años noventa, aunque genera tensiones internas y abre nuevos interrogantes sobre el destino de los subsidios.

Otro cambio importante en proceso es la Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT), que establecerá un nuevo sendero de inversiones y aumentos escalonados en tres tramos, con actualizaciones mensuales. A cambio, el Gobierno exigirá a las distribuidoras, especialmente en el AMBA, mejoras en la calidad del servicio, como la reducción en la cantidad de cortes.

Aunque la nueva política de subsidios comenzará a aplicarse de manera gradual, fuentes oficiales no descartan una aceleración si se requiere ajustar más rápidamente las cuentas públicas. Además, tras la posible salida del cepo cambiario, el impacto del nuevo tipo de cambio en los costos de generación podría trasladarse a las tarifas o requerir un refuerzo de los subsidios.