Al respecto, comentó que “en diciembre corresponde que las compañeras cobren el último porcentaje acordado en la paritaria de septiembre que es del 10% para cerrar el 34% del último acuerdo. Más allá de que hay un montón de compañeras a las que no se les reconoce esos aumentos, ni los aguinaldos ni vacaciones y feriados, y la mayoría del grupo que son 400 no están registradas y la próxima reunión paritaria que tenía que ser en diciembre para poder tener un aumento confirmado para enero, está suspendida hasta que no se resuelva cómo va a quedar el Ministerio”.

En este sentido, indicó que “no estamos hablando de sueldos de 100 mil pesos, más allá de que correspondería que cobren más, pero no hay compañeras que son reconocidas por los valores acordados en la comisión paritaria. En junio se acordó conformar una comisión para estudiar el adicional por zona y la conclusión es que el 30% de adicional zona estaba bien, pero no es lo mismo que el resto de los gremios. Una compañera no llega a agarrar 40 mil pesos en algunos casos, y ese adicional, no es lo mismo con otro trabajador de otro gremio”.

Sánchez no avizoró un “buen futuro. Habrá que ver qué sucede con este presidente electo, pero si es como parece, va a ser demasiado complicado. Al caerse contratos de fábricas, hay compañeras que son niñeras y les dijeron que no iban a seguir trabajando en las casas particulares; somos trabajadoras de trabajadores. Hay compañeras que no cobraron noviembre ni diciembre”.

Consultada sobre cuánto es el salario promedio de una trabajadora de Tierra del Fuego, remarcó que “la categoría 4 de noviembre a la que hay que agregarle el último aumento del 10%, por hora gana $1.838. La categoría 5 de tareas generales, la hora es de $1.704 y el mensual de $209.028, pero si encuentran a alguien que cobra eso, les pido que me avisen”.

Finalmente, advirtió que “hay un modus operandi de empleadores que nos tienen una semana, nos hacen trabajar, llega al fin de semana y cuando tienen que abonar, no pagan lo que acuerdan porque estamos en esta libertad de acordar entre las partes. Cuando llega el momento de abonar, empiezan con gritos, violencia y las compañeras amedrentadas se retiran del domicilio y no cobran; son varios domicilios que tienen esa forma de tener su casa ordenada, entonces nosotras las compañeras del grupo, ya las tenemos identificadas a esas viviendas. Es difícil denunciar porque es la palabra de la trabajadora con la palabra del empleador; no sirve un WhatsApp ni siquiera una llamada de teléfono. Y lo que cobran, no alcanza para pagar una consulta de un abogado. Cuando vamos al Ministerio de Trabajo, no nos asesoran como corresponde”.