El titular del Sindicato de Controladores de Admisión y Permanencia de la provincia (SUTCAPRA), Raúl Bombares, dialogó con Aire Libre donde se refirió al nuevo hecho de violencia que sucedí en el local nocturno Maldito Ibiza, ubicado en San Martín y 25 de Mayo, donde una joven de Río Grande recibió un piedrazo adentro del boliche y debió ser trasladada a la Clínica San Jorge de Ushuaia.

Al respecto, cuestionó y repudió “el accionar violento que tuvieron estos patovicas porque así llamamos a los violentos. Este grupo de violentos que trabajan en Ibiza reaccionaron mal porque nosotros estamos para prevenir y no ejercer violencia. Hemos decidirnos ponernos a disposición y lo lamentamos. Nos ponemos a disposición de la familia y de la justicia también. Las personas deberían dejar sus trabajos y el Municipio sacarles el carnet de controladores. El único que capacita es el Municipio de Río Grande, nosotros no lo hacemos. Hay una Ordenanza Municipal y una Ley que así lo dice”.

Según indicó Bombares, “nosotros tenemos la denuncia de un trabajador que no solamente cumple la función habilitada por el Municipio, sino que hay cuatro controladores que no están habilitados. Pero ese local históricamente tuvo a trabajadores en negro y ahora a gente que no está habilitada para ejercer esa función de controlar. Sebastián Ortiz tiene trabajadores precarizados y gente no habilitada. Está acompañado por el Gobierno de la Provincia y no queremos pensar que también lo banca el Municipio de Río Grande. No puede haber cuatro trabajadores sin carnet habilitando cumpliendo la función de controlador cuando se sabe que es un trabajo complicado”.

El dirigente gremial denunció que “el 100% del personal de Maldito Ibiza está precarizado. Todos los fines de semana ingresan 1.500 personas y no hay espacio, pero ingresan igual. También tienen un vip que no está habilitado y no sé qué está pasando que el Municipio no ve esto. Es un lugar que tiene capacidad para 486 personas y entran 1.500, es una bomba de tiempo. La ley nacional dice que cada 80 personas que ingresan debe haber un controlador”.