Con el objetivo de mejorar la transparencia y reforzar la seguridad del paciente, los ministros Mario Lugones (Salud) y Mariano Cúneo Libarona (Justicia) firmaron un Convenio de Colaboración Institucional que permitirá vincular de forma directa el sistema judicial con el sanitario. A partir de este acuerdo, se agilizará el registro y la notificación de inhabilitaciones judiciales impuestas a profesionales de la salud en todo el país.

El nuevo mecanismo permitirá que el Ministerio de Salud reciba en tiempo real, desde el Registro Nacional de Reincidencia, la información sobre sentencias judiciales que prohíban el ejercicio profesional, y así pueda actualizar rápidamente la Red Federal de Registros de Profesionales de la Salud (REFEPS), que reúne los datos de matriculación de todas las jurisdicciones.

Uno de los problemas recurrentes hasta ahora era la demora en las notificaciones de inhabilitaciones, lo que permitía que algunos profesionales condenados continuaran figurando como habilitados. “Estamos solucionando una falla grave que ponía en riesgo a los pacientes. A partir de ahora, los médicos con condena firme no podrán seguir ejerciendo como si nada”, aseguró el ministro Cúneo Libarona.

El convenio contempla la transmisión exclusiva de información sobre inhabilitaciones judiciales vinculadas a profesionales de la salud, sin incluir antecedentes penales que no guarden relación con el ejercicio sanitario. La medida tendrá una vigencia inicial de dos años, con renovación automática salvo aviso contrario con 60 días de anticipación.

Por su parte, el ministro Lugones remarcó el valor que tendrá esta herramienta para la ciudadanía. “Cada persona podrá consultar con facilidad si el profesional que lo atiende está realmente autorizado. Esta medida fortalece el derecho a una atención segura y transparente”.

El acuerdo también responde a los desafíos que enfrentaban los registros de matrícula para mantener actualizada la información, debido a la falta de conexión entre los sistemas judiciales y sanitarios. Con esta integración, se busca garantizar que las decisiones judiciales se reflejen de forma inmediata en los sistemas de control profesional.

De esta manera, ambos ministerios consolidan una política conjunta para proteger la salud pública y brindar a la población herramientas eficaces para verificar la idoneidad de quienes ejercen en el ámbito de la salud.