El Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) de Tierra del Fuego, actualizado al 12 de noviembre, incluye a 99 personas que incumplen sus obligaciones alimentarias, según la publicación oficial en el boletín del 27 de noviembre. Aunque la mayoría de los registrados son hombres, también figuran tres mujeres en la lista.

En comparación con 2020, cuando el registro contaba con 67 deudores, el número ha crecido significativamente. En los últimos cuatro años, se añadieron 32 nuevos nombres, de los cuales 16 se incorporaron solo este año. Entre ellos se encuentran Gonzalo Adrián Brítez, Oscar Ismael Cano, Arturo Carvajal Espinoza, y otros que han sido incluidos por no cumplir con las cuotas alimentarias establecidas.

Obligaciones y sanciones según la ley

La Ley Provincial 531 regula el REDAM y establece que se incluye en este registro a quienes adeuden tres cuotas consecutivas o cinco alternadas, ya sea por alimentos provisorios o definitivos homologados por sentencia firme. Las sanciones para los deudores son claras: quedan inhabilitados para actuar como proveedores o contratistas del Estado provincial, abrir cuentas corrientes, solicitar créditos en el Banco Provincia de Tierra del Fuego o realizar operaciones financieras.

Además, los registrados no pueden postularse como adoptantes, ya que la Dirección de Minoridad y Familia requiere un certificado de libre deuda alimentaria como parte de los requisitos para dicho proceso.

Colaboración regional y digitalización

Este año, las provincias de Tierra del Fuego, Neuquén y Santa Cruz firmaron un convenio de cooperación para compartir información entre sus registros de deudores alimentarios. Este acuerdo busca fortalecer el control interprovincial y facilita el acceso al Certificado de Deudor Alimentario Digital, que permite consultar el estado de deuda de manera rápida y sencilla.

Impacto en la sociedad

La actualización del REDAM refleja un aumento en el número de deudores alimentarios, lo que pone en evidencia una problemática que afecta directamente a menores de edad y familias dependientes de estas obligaciones. Con herramientas legales y acuerdos de colaboración, las autoridades intentan garantizar el cumplimiento de las cuotas alimentarias y reducir la morosidad en la región.