Ante las recientes denuncias presentadas por pescadores artesanales de Ushuaia, Río Grande, Almanza y Tolhuin, el Gobierno de Tierra del Fuego ha tomado medidas para resolver el conflicto relacionado con el acceso bloqueado al mar. En una reunión convocada en Tolhuin, la ministra de Producción y Ambiente, Karina Daniela Fernández, junto al subsecretario de Pesca, Diego Marcioni, y otros funcionarios, escucharon las preocupaciones de los pescadores que demandan el respeto a la Ley 244, la cual garantiza pasos de servidumbre hacia la costa.

Orlando Genes, un pescador con más de veinte años de experiencia, expuso que propietarios de estancias como La Fueguina, La Pirinaica y María Luisa han instalado cercas, excavado zanjas y restringido el acceso a áreas costeras vitales para sus actividades. "Estas acciones no solo obstaculizan nuestro trabajo, sino que también violan una ley que asegura el libre tránsito por la costa. Hemos estado reclamando durante años sin ver cambios significativos", afirmó Genes.

Durante el encuentro, los representantes del gobierno aseguraron estar "trabajando en soluciones" y se comprometieron a inspeccionar las áreas afectadas, dialogar con los propietarios de las estancias y considerar la creación de refugios específicos para los pescadores. No obstante, los asistentes expresaron escepticismo respecto a estas promesas, mencionando que hasta ahora las gestiones han sido insuficientes y que los bloqueos continúan incrementándose. "Nos pidieron paciencia hasta mediados de enero para observar avances, pero los estancieros siguen cerrando accesos y colocando nuevas cercas, como en La Fueguina. Esto genera frustración porque ya hemos escuchado promesas similares en administraciones anteriores", comentaron los pescadores.

La labor de estos pescadores se enfoca en la captura de especies como róbalo, pejerrey, salmón, pez gallo, palometa y cazón, que comercializan a consumidores particulares, restaurantes y hoteles en Ushuaia, Río Grande y Tolhuin. "Todo lo hacemos conforme a la normativa: declaramos nuestras redes y pagamos los permisos correspondientes, que este año ascendieron a aproximadamente 100 mil pesos ante Recursos Naturales", señalaron.

Además de los bloqueos de acceso, los pescadores denuncian amenazas y daños a sus herramientas y vehículos, atribuyéndolos a los propietarios de las estancias. "Los funcionarios se distanciaron de la responsabilidad sobre estos ataques y nos recomendaron presentar denuncias policiales. Apreciamos el diálogo, pero necesitamos soluciones reales. Solo pedimos el derecho a trabajar dignamente", añadieron.

Genes también destacó que, según la Ley 244, está prohibido alambrar a menos de 50 metros de la marea más alta. Sin embargo, en la estancia La Fueguina, perteneciente al legislador Jorge Lechman, se han colocado postes y cercas desde el puente del Río Laines hasta el mar, bloqueando completamente el acceso. Este tipo de acciones también han sido reportadas en otras estancias propiedad de la familia Sevillano y Edy Vargaz en La Pirinaica y María Luisa, respectivamente, contraviniendo el artículo 19 de la mencionada ley que garantiza corredores públicos en las costas.

A pesar de las promesas de intervención gubernamental, Genes expresó su desánimo: "Creo que la situación no cambiará porque llevamos 20 años escuchando las mismas promesas y los estancieros continúan actuando a su manera. Valoramos que se nos haya escuchado, pero ahora esperamos acciones concretas".

Los pescadores han declarado que mantendrán su lucha visible, a pesar de las solicitudes del gobierno para cesar las protestas mediáticas. Continuarán organizándose para exigir el respeto a sus derechos y el cumplimiento de la ley, fundamental para garantizar tanto su actividad laboral como su seguridad.