En el marco de la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), cuya misión llegó este jueves a la Argentina, el Gobierno y las billeteras cripto impulsan una innovadora propuesta de regulación de la industria de activos virtuales, que busca proteger y brindar certidumbre a los usuarios. Argentina busca alinearse a los estándares internacionales de prevención contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.El reloj apremia. El 26 de marzo culminará la evaluación internacional que será clave para las aspiraciones del Gobierno de Javier Milei de volver a obtener financiamiento en el mercado de capitales internacional.

Si no se aprueba una ley que cuenta con media sanción y está a la espera del tratamiento en el Senado o el Poder Ejecutivo no firma un decreto que regule, entre otras cuestiones, al ecosistema cripto, Argentina podría quedar en la lista gris o incluso negra del GAFI, que agrupan a los países que tienen deficiencias en su marco legal y son más vulnerables al lavado de activos y a la financiación del terrorismo. Esa decisión tendría consecuencias jurídicas y económicas: se dificultaría el acceso a crédito internacional del Estado y también de las empresas privadas.

"El GAFI acelera un poco los tiempos de algo que era inevitable que pase. Me parece que este contexto le da una oportunidad enorme al Gobierno de no solo cumplir con estas recomendaciones, sino en abordar una regulación inteligente", afirmó a El Cronista Carlos Peralta, líder de Políticas Públicas de Bitso Argentina.

Esa nueva normativa introduce la figura de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV), que agrupa a exchanges y plataformas de operación de criptomonedas como sujetos obligados ante la Unidad de Información Financiera (UIF), a la que tendrían que reportarle operaciones sospechosas, y también crea un registro de estas plataformas ante la Comisión Nacional de Valores (CNV).

"Es fundamental un marco legislativo que brinde certidumbre a inversores, emprendedores y empresas, acompañado de una política tributaria que incluya exenciones y ajustes de la norma vigente para seguir impulsando a un ecosistema que incluye a muchas personas que no pueden acceder a productos bancarios tradicionales, genera puestos de trabajo de calidad y capacitación para especialidades con alta inserción laboral actual y futura", explicó Juan Pablo Fridenberg, Director de Asuntos Públicos en Lemon.

Para lograr ese objetivo, la Cámara Argentina Fintech y las empresas del sector participan junto a la UIF y la CNV en mesas de trabajo. Allí, discuten cómo será la reglamentación de la norma, buscando una regulación que proteja a los usuarios, al tiempo que los exima de impuestos como Bienes Personales o Ganancias para fomentar la inversión en criptomonedas.

"La industria entiende que, dada la naturaleza de los activos virtuales, un exceso de regulación o de carga fiscal podría implicar la paradoja de una mayor informalidad y tendencia a operar hacia exchanges extranjeros desregulados, contrariando los objetivos pregonados por la normativa y afectando gravemente a la industria y sus usuarios por igual", expresó la Cámara en un comunicado.

El gran temor que se cierne sobre la industria cripto local es que usuarios den la espalda a la regulación y opten por invertir masivamente en billeteras descentralizadas. Por eso, se preocupan por recalcar los efectos positivos de la regulación, al tiempo que destacan que "es inevitable" que Argentina se adecue a los más altos estándares internacionales en prevención del lavado de activos.

"Ninguno de los exchanges que estamos en la Cámara queremos que nuestra infraestructura sea utilizada para cometer delitos. Con esta regulación, buscamos estandarizar buenas prácticas en una industria que ya se viene autorregulando", agregó Peralta.

Ese sello de calidad lo otorga el GAFI, un organismo internacional que Argentina integra desde 2000. La revisión a nivel de pares produce una calificación del país que resulta de enorme relevancia para el acceso a los mercados financieros internacionales, para la atracción de inversiones y para tener menores costos transaccionales.