La presidenta del Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat (IPV), Laura Montes, confirmó que más de 2.200 viviendas proyectadas en Tierra del Fuego fueron dadas de baja tras la falta de financiamiento nacional. Este cambio drástico ha obligado al organismo a replantear su modalidad de trabajo, priorizando la entrega de lotes con servicios sobre la construcción de viviendas colectivas.

Fin del financiamiento nacional y su impacto en la provincia

Montes detalló que los proyectos originalmente presentados en mayo del año pasado incluían 2.186 viviendas que contaban con no objeción técnica y habían sido preadjudicadas. Sin embargo, el cierre de programas nacionales dejó sin respaldo financiero a estas iniciativas. “Nuestra estructura dependía de los planes federales de los últimos 40 años, y ahora todo pasa a ser financiado por fondos propios del IPV”, explicó la funcionaria.

La falta de recursos ha reducido significativamente el alcance de las soluciones habitacionales previstas. “Teníamos la esperanza de cubrir una gran parte de la demanda con estas viviendas, pero ahora debemos enfocarnos en alternativas más limitadas”, afirmó Montes.

Entrega de lotes como nueva modalidad

En respuesta a la crisis, el IPV ha comenzado a priorizar la entrega de lotes con servicios. Recientemente, se adjudicaron 50 lotes en Chacra IX, Río Grande, mientras que en Ushuaia se programaron sorteos de terrenos en áreas donde originalmente se proyectaban viviendas colectivas. “Un lote con servicios para una familia es importante, pero no se compara con la cantidad de viviendas que planeábamos construir”, destacó Montes.

Estos lotes, cuyo valor es significativamente inferior al precio de mercado, se ofrecen con facilidades de pago, con cuotas que no superan los 180 mil pesos. Sin embargo, la cantidad de lotes entregados es insuficiente para satisfacer la creciente demanda.

Gran demanda insatisfecha

Actualmente, más de 8.000 personas están inscriptas en busca de una solución habitacional en la provincia, de las cuales 4.500 pertenecen a Ushuaia y 3.500 a Río Grande. Entre ellas, se incluyen entre 3.000 y 3.500 familias, mientras que el resto corresponde a personas solas. Montes reconoció que los planes cancelados complicaron aún más la situación: “Obviamente todo esto cayó y no pudimos cubrir esa gran parte de la demanda”.

Nuevas estrategias y desafíos

El IPV también evalúa alternativas que incluyen la inversión público-privada, aunque Montes señaló que estas dependen del contexto macroeconómico y el interés de los privados en colaborar con el Estado. Además, el instituto ha comenzado a modificar sus criterios de clasificación de la demanda, agregando la capacidad económica como requisito para garantizar que las familias puedan construir en los terrenos asignados.

Un giro de 180 grados en el presupuesto

La presidenta subrayó el impacto del cambio en la fuente de financiamiento: “El presupuesto del año pasado dependía en gran medida de Nación, mientras que ahora todo recae sobre los fondos propios del IPV”. Este ajuste está marcando un antes y un después en la política habitacional de Tierra del Fuego, con un enfoque más limitado y adaptado a las restricciones actuales.

En este contexto, el Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat enfrenta el desafío de atender una demanda creciente con recursos más limitados, mientras busca soluciones que permitan a las familias fueguinas acceder a una vivienda digna.