El equipo “No a la Trata” de la Comisión Nacional de Justicia y Paz, perteneciente a la Conferencia Episcopal Argentina, expresó su inquietud frente a la decisión del gobierno de Javier Milei de disolver el Fondo de Asistencia Directa a las Víctimas de Trata de Personas, creado por la Ley 27.508 en 2019.

Este fondo, implementado en octubre de 2021 mediante un fideicomiso firmado entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y BICE Fideicomisos S.A., tenía como objetivo brindar apoyo económico directo a las víctimas de trata. Sin embargo, el decreto publicado el 25 de noviembre argumenta que su disolución responde a la necesidad de mejorar la transparencia y eficiencia en el manejo de los recursos públicos.

Desde la Conferencia Episcopal cuestionaron este razonamiento, señalando que los recursos del fondo no provenían del erario público. Además, advirtieron que la ausencia de alternativas para reemplazar el fondo agrava la situación de las personas rescatadas de la explotación, dejándolas en mayor vulnerabilidad.

En su comunicado, la Comisión citó un informe de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), que revela que entre 2019 y 2022 se dictaron 107 sentencias condenatorias por trata de personas en el país. En 27 de estos casos, un 25,2%, se otorgaron reparaciones económicas que beneficiaron a 168 víctimas. Estas reparaciones incluyeron más de 70 millones de pesos, 16.141 dólares, 192 salarios mínimos y tres vehículos destinados a la recuperación de las personas afectadas.

La disolución del fondo, según el equipo “No a la Trata”, representa un retroceso en los esfuerzos por garantizar justicia y asistencia integral a las víctimas.